Alrededor de 1.500 personas se concentraron ayer en Mérida para protestar por lo que consideran un trato discriminatorio de la Junta a la enseñanza concertada, que concretan en el cierre de unidades (aulas) con el consiguiente descenso de los fondos públicos.

Como es habitual en estos casos, las razones de unos y otros son opuestas: los primeros se quejan de que la Administración quiere suprimir el próximo curso una decena de unidades, de un total de 1.328; la Junta, por el contrario, afirma que en los últimos cinco años las unidades concertadas han crecido un 16% y el monto del concierto, un 50%, pasando de 56 millones a 80. De igual modo, la Consejería de Educación señala que la supresión de unidades por causas demográficas ha afectado más a la enseñanza pública que a la concertada.

La protesta es entendible desde el punto de vista laboral y sindical, puesto que la merma de las subvenciones termina afectando al empleo, pero los datos de la Junta no han sido desvirtuados por el sector concertado. Un sector que debe entender que no puede apelar a privilegios y que si está sostenido con fondos públicos debe correr la misma suerte que la enseñanza pública.