El Gobierno del PSOE está dispuesto a tramitar por vía de urgencia su proyecto de ley para la igualdad laboral. Un paso adelante de gran importancia para las mujeres trabajadoras, pero también para el conjunto de la población. Concebir la conciliación como un derecho «con naturaleza individual e intransferible» y dotarla de medidas concretas para que hombres y mujeres puedan compaginar vida personal y laboral; equiparar los permisos parentales a 16 semanas para ambos progenitores; exigir a las empresas un mínimo del 40% de mujeres en los consejos de administración y la elaboración de un registro salarial en el que se desglosen las percepciones y los conceptos son algunas de las medidas que prevé la ley que ultima el Gobierno. La incorporación de sanciones, multas de hasta 500.000 euros, es un punto relevante. No solo para exhortar al cumplimiento, sino también para que la ley no caiga en el papel mojado de las buenas intenciones. La obligatoriedad es necesaria. Pero también la voluntad. A nadie escapa que esta ley puede sacudir al tejido empresarial. Por ello resulta imprescindible alcanzar el máximo consenso entre todos los agentes sociales, teniendo claro que la sociedad no puede permitirse fracasar en un objetivo tan prioritario. Combatir la discriminación laboral por género también es combatir un machismo secular de penosas consecuencias. Esta ley no será la panacea definitiva, pero es un paso firme en la dirección correcta.
