WLwa condena de la dictadura franquista realizada ayer por el Parlamento Europeo constituye un acto de justicia histórica al cumplirse 70 años del levantamiento militar contra la República. Pero no puede interpretarse como sustitutivo del que el pleno del Congreso de los Diputados adeuda a los defensores de la legalidad republicana, barridos por los generales golpistas, y a las víctimas de 40 años de sañuda represión, después de una primera condena, aprobada el 2002 solo en la Comisión Constitucional, que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios después de varios intentos fallidos.
En el centro de esta deuda moral se encuentra la oposición del Partido Popular a cuanto suena a condena del franquismo. Los populares se quedaron ayer patéticamente solos en la Cámara de Estrasburgo o, si se prefiere, pintorescamente acompañados por la extrema derecha más cerril, en su oposición a reprobar la dictadura. En vez de eso, prefirieron acusar al Gobierno de quebrantar la Constitución con la reforma de los estatutos de autonomía. Pero, ¿qué solvencia tiene esta o cualquier otra defensa de la Carta Magna en boca de quienes no quieren condenar a los enemigos de la democracia. Todas las respuestas posibles son inquietantes.
