Parece buena la iniciativa del Gobierno de Elena Nevado de gravar a los bancos con un mínimo de 400 euros por cajero que esté en la vía pública en virtud de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. Una forma de recaudar que parece justa siempre y cuando las entidades financieras no repercutan luego esta tasa sobre sus clientes.
