WEw l Gobierno ha conseguido sembrar la confusión en el trámite de adjudicación del almacén temporal centralizado (ATC), conocido coloquialmente como cementerio nuclear. Después de que Miguel Sebastián, ministro de Industria, comunicara el jueves a las comunidades autónomas con municipios que aspiraban a albergarlo que el lugar elegido era Zarra, en la provincia de Valencia, y de que el viernes lo hiciera saber a la Generalitat valenciana, el Gobierno se descolgó con un anuncio provisional, por darle un nombre, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se remitió a una decisión definitiva posterior.

Habida cuenta de la existencia de los informes técnicos pertinentes, de que se han superado con creces los plazos fijados por el propio Gobierno y de la importancia de la materia en discusión, resulta preocupante que ahora asome una disparidad de criterios en el seno del Consejo de Ministros. La decantación por el emplazamiento del ATC no puede quedar condicionada por conveniencias electoralistas ni por un dictamen técnico que desconozca la situación legal de los dirigentes locales que han promovido la candidatura elegida o, lo que también es posible, la eventual calificación de espacio protegido de los terrenos --todos o en parte-- en los que debe construirse el ATC.

Uno de los problemas que existen a nivel general es que los políticos obligados a pronunciarse en esta materia tienen el corazón dividido y el pulso débil. Por una parte, saben que es ineludible tomar una decisión que dividirá a la opinión pública; por otra, se resisten a arrostrar los costes de una decisión que puede salir carísima en las urnas.

En el caso concreto de Extremadura, hay unanimidad de los partidos políticos a la hora de rechazar que el cementerio nuclear pudiera instalarse en el municipio cacereño de Albalá, si bien no parece albergar dudas ya que esa candidatura no tiene opciones, ya que al mayoritario rechazo social se une que es técnicamente las más inviable de seleccionar, según el baremo ofrecido por el Ministerio de Industria.

El Ejecutivo de la Generalitat valenciana también ha mostrado abiertamente su enfado por el anuncio del ministro Sebastián. El equipo de Francisco Camps se opone a la instalación del ATC en Zarra, piensa recurrir la adjudicación si finalmente el municipio valenciano es el elegido y habla de decisión unilateral del Gobierno.

Este guión resulta desconcertante porque el PP nunca ha renegado de las centrales nucleares. Sería lamentable que todo obedeciera a un síndrome nimby (no en mi patio trasero), destinado a contentar a una opinión pública desorientada.