En época de vacas flacas , que es cualquiera de las fases situadas entre las dificultades económicas , la desaceleración , la crisis o la recesión , muchos vuelven sus miradas hacia aquellos que tenemos el puesto de trabajo asegurado, es decir, los funcionarios, o más genéricamente y como ahora nos denominan las nuevas leyes, los empleados públicos.

Prácticamente a diario, vemos cómo la prensa escrita se ceba con nosotros y pregunta y repregunta a los ministros competentes en la materia si no es más que conveniente proceder a congelar el sueldo de ese colectivo privilegiado .

No procede acudir aquí a relatar las dificultades que uno debe pasar hasta aprobar una oposición y hacerse funcionario, pero sí dejar constancia de que a todas se les da publicidad, lo que permite que cualquiera pueda presentarse a ellas.

A mí personalmente no me parecería mal que, en la situación que estamos atravesando, también nosotros nos apretásemos el cinturón, si es que todavía queda algún agujero libre. Lo que no soporto es que se nos engañen o así se pretenda.

Y es que, grosso modo , hay que decir que en los últimos 20 años, los funcionarios hemos perdido, punto arriba, punto abajo, la escalofriante cifra del 20% del poder adquisitivo. Los números cantan y nos dicen que los años de mayor pérdida fueron 1993 y 1994 con el --3.1% y el --4.3%, respectivamente. También que ya hemos sufrido dos congelaciones salariales, la primera en ese fatídico 1994 y la segunda en 1997, donde el diferencial se situó en el --2%. Todo ello, supone que cada año, los empleados públicos, seamos más pobres.

Mientras tanto, los que trabajan en la empresa privada han tenido aumentos salariales acordes, cuando no superiores, al incremento del IPC. Y el periodo de bonanza o vacas gordas , en el que muchos profesionales han obtenido pingües beneficios, nosotros no lo hemos notado. Es decir, quieren que estemos a las duras, pero no estuvimos a las maduras.

Por ello, lo que no es de recibo es acudir siempre a los mismos, que además, en este caso, si hay un colectivo que no está implicado en el origen de la situación económico-financiera que padecemos esos son los funcionarios. Y menos aún, cuando en el programa electoral del partido que nos gobierna aparece un compromiso de recuperación del poder adquisitivo perdido.

Pues ahora que se está poniendo de moda lo de exigir las deudas históricas de las comunidades autónomas, y en coherencia con el programa electoral del Gobierno, mi propuesta para zanjar este problema sería la siguiente: Pactar con sindicatos y administración un porcentaje de poder adquisitivo perdido (deuda histórica), que sería abonado gradualmente en un periodo de 5 años, una vez que finalice la crisis y, paralelamente, aprobar por ley de presupuestos una cláusula de revisión salarial automática igual a la variación del IPC y aplicable desde 2010.

*Secretario-Interventor de Admón. Local.