El presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el vicepresidente Pedro Solbes siguen sin utilizar públicamente el término crisis, pero han admitido, en cambio, lo que era una percepción galopante: la evolución de la economía española se ha deteriorado de manera alarmante desde principios de año. El dato más revelador de esa situación comprometida es el que anunció Solbes ayer: que el crecimiento español del segundo trimestre puede quedar por debajo de las tres décimas. Una afirmación que busca, ante todo, no augurar un porcentaje inferior a cero, que sería como admitir que --si se mantuviera la tendencia-- se podría entrar en recesión a partir del mes de septiembre, aunque en términos interanuales el PIB sería aún del 2%, la mitad del año pasado.

Conocemos las causas de este bajón incontestable. Una contracción del crédito bancario por la crisis financiera global, iniciada en agosto pasado en EEUU, su efecto inmediato en el sector inmobiliario español, temerariamente endeudado en los mercados internacionales --y cuya refinanciación cada vez es más cara-- y una evolución desfavorable de la cotización de las materias primas que más influyen en la inflación: los carburantes y los alimentos básicos. Total, un IPC superior al 5% y una tasa de paro que se acercará al 10% a finales de año, según numerosos indicadores. La reacción de las familias ha sido elocuente: reducir gastos. Una prueba, entre muchas, es la caída en picado de las matriculaciones de coches, que en el caso de Extremadura han bajado un 19% en el primer semestre y un 37% si se compara el mes de junio pasado con el del año 2007.

Solbes sigue fiel a sus principios de ortodoxia en las cuentas públicas, pese a reconocer que la factura del petróleo nos ha hecho, como país, más pobres. Pero se resiste a reducir impuestos de los carburantes, porque su efecto de bajar el precio de la gasolina es dudoso, ni a subvencionar directamente a los sectores más afectados por la crisis. Y no acepta practicar una economía de oferta pública que estimule la demanda, para no entrar en déficit público. Pero si ya ha cambiado el diagnóstico, ¿por qué mantiene la receta?

Aparte de afearle el retraso en admitir que no estábamos solo ante una desaceleración pasajera, al Gobierno se le exigirá hoy en el Congreso de los Diputados que proponga soluciones que no sean paliativas, sino estimuladoras de la actividad económica. Será para Zapatero una segunda investidura a los pocos meses de tomar posesión. La mejor reacción sería concretar su promesa del domingo en Navarra: ante la crisis, un Gobierno socialdemócrata debe volcar su esfuerzo en que la padezcan lo menos posible los más necesitados.