WEwl Consejo de Gobierno extraordinario que ha tenido lugar en Hervás el lunes y el martes ha concluido con el anuncio de medidas y leyes --139 las primeras y 8 las segundas-- de importancia y naturaleza diversa, pero las hay que, cuando se lleven a cabo, supondrán mejoras importantes para los ciudadanos. Decisiones como la construcción de 25.000 nuevas viviendas hasta el fin de la legislatura entre las incluidas en el Plan 60.000 y las de Protección Oficial; la construcción de nuevos edificios en los hospitales de Don Benito e Infanta Cristina de Badajoz para cumplir el compromiso de la habitación individual; la ampliación de la Facultad de Medicina y la creación de 16 nuevos centros de salud; la ampliación de la red de gasoductos para que el gas natural llegue a más extremeños; la construcción de nuevos centros de Primaria y Secundaria, polideportivos, piscinas, campos de fútbol o residencia para deportistas de alto rendimiento, además de mejoras especiales de empleo, incentivos para la construcción de residencias geriátricas o la idea de los ´adosados compartidos´ para que una persona conviva puerta con puerta con ancianos y que su trabajo sea proporcionarles los cuidados que necesiten... Son medidas que desde el momento en que han sido decididas por el Consejo constituyen un compromiso de gobierno y, como tales y pensando en el interés de los ciudadanos, es difícil oponerse a ellas. Por esta razón no es entendible el proceder de la oposición, que se ha colocado más cerca de la descalificación general que de la exigencia. Cierto es que la experiencia muestra que el grado de cumplimiento de las medidas decididas en los consejos extraordinarios, como en los programas electorales de todos los partidos que gobiernan, no es precisamente pleno, y que es obligación de la oposición ponerlo de manifiesto, pero esa actitud de descalificación es incompatible con asumir las decisiones que se considere acertadas (algunas, necesariamente, debe haber), que, a su vez, es la manera más coherente de poder después exigir su cumplimiento.
Una crítica del PP sí es atinada. Se refiere a que la Junta ha modificado, en pocas semanas, algunas decisiones respecto a la política de viviendas de Protección Oficial. La Junta anunció primero que iba a ejercer su derecho de tanteo y retracto para hacerse con las VPO que salieran al mercado de segunda mano, si con ello evitaba la picaresca existente en algunos casos, que consiste en vender esas viviendas como si fueran libres. Ayer, el presidente de la Junta admitió que no se iban a poner trabas a las ventas de esas viviendas en determinadas condiciones, y que eso significaba un cambio de rumbo. El resultado de esas decisiones contradictorias es que, finalmente, se introduce inseguridad en los propietarios, que no saben si una medida adoptada hoy va a estar en vigor dentro de un tiempo, dándose de paso la sensación de que la Junta, precisamente en un sector tan importante como es la vivienda --y al que ha otorgado tanta importancia política en esta legislatura--, está improvisando.
