El 6 de diciembre se cumplirán 33 años del Referéndum Constitucional. En aquel momento, la mayoría de edad era a los 21 años, por lo tanto ningún español de los que ahora tienen menos de 54 años votó la actual Constitución, algo así como el 70% de la población actual. Es una herencia valiosa y fecunda que han recibido pero que tienen derecho a mejorar.

Este contundente dato justificaría por sí solo la reforma de la Carta Magna para adaptarla a los momentos actuales, dar cauce a las nuevas realidades y tendencias, corregir algunos aspectos que se han quedado obsoletos, reafirmando y potenciando otros insuficientemente desarrollados que la evolución política y la conciencia ciudadana reclaman.

El inesperado consenso entre el PP y el PSOE sobre la reforma de la Constitución ha puesto de manifiesto varias cosas que hasta ahora eran impensables.

Primero, que los dos partidos mayoritarios comparten la visión de los grandes temas que nos afectan a todos, Democracia, Economía, Política o Estado. Esto no impide que permanentemente haya una confrontación mediática e institucional que parece irreconciliable. Es lógico que no se pongan de acuerdo en quién debe ser el presidente del Gobierno, pero la coincidencia no sólo en el fondo, la reforma constitucional, sino también en la forma, de espaldas a los ciudadanos, demuestra que los dos eternos rivales son más bien los dos eternos socios.

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que la Constitución no es un cofre cerrado, frágil y hermético, que no se pueda tocar. Ha sido muy fácil. Se ha hecho en 48 horas. Hasta ahora, cuando alguna propuesta política requería del cambio constitucional para llevarse a cabo, casi automáticamente era abandonada o dejada para nunca. Sin embargo, en este caso, esa idea falsamente prudente de la intangibilidad de la Constitución se ha diluido sin que por ello tiemblen los cimientos del Estado. Y en tercer lugar, se abre paso la idea de que la Constitución se está quedando vieja y que necesita sustanciales retoques. En estos treinta y tantos años de democracia se han ido evidenciando aspectos que necesitan un ajuste a la realidad y a los tiempos, pero que se mantienen y se soportan como pequeños defectos del sistema por la supuesta dificultad, para algunos no exenta de peligros, que supondría abrir el melón de las reformas constitucionales.

XUNO DE LOSx cambios más reclamados, porque degrada la calidad de nuestra democracia, es la Ley Electoral. La prontitud y facilidad para el cambio constitucional demuestra que PSOE y PP no tienen ni han tenido el menor deseo de cambiarla aunque sea objetivamente injusta y poco democrática, pero se benefician descaradamente de ella porque favorece el bipartidismo y penaliza a otros partidos más pequeños. Una vez más se imponen los intereses de los socios.

El Estado autonómico fue una de las grandes novedades de la Constitución pero, ¿estamos satisfechos de cómo se ha ido conformando y su proyección actual? ¿Es cuestionable la unidad fiscal del Estado? ¿Puede haber CCAA más frías o calientes en términos fiscales? ¿Es utópico un Estado Federal y solidario? Si se establecen tres niveles de administración, local, autonómica y estatal, ¿qué papel juegan hoy las diputaciones?

Tenemos un parlamento bicameral, pero cualquier político tiene grandes dificultades para explicar para qué sirve el Senado. Es mucho más fácil explicar para qué podría servir, que concretar la utilidad real que tiene. Si después de 30 años todavía está por descubrir la utilidad de la Cámara Alta, es perfectamente legítimo plantearse su supresión.

La forma del Estado español, según se establece en el título preliminar del actual texto constitucional, es la monarquía parlamentaria, y éste es uno de los puntos sensibles de la actual Carta Magna, política y mediáticamente casi tabú, pero es evidente que alguna vez habrá que preguntarle a los españoles sobre la forma de Estado que prefieren.

La sociedad del bienestar con todos sus defectos y deficiencias se ha consolidado sin embargo como el modelo social menos malo en la conciencia ciudadana. Hoy está siendo recortada y se cuestiona abiertamente su viabilidad. ¿Es hora de avanzar en la Constitución con el reconocimiento objetivo de los derechos económicos y sociales o metemos en la Constitución un modelo social regresivo e insolidario?

Hay motivos para pensar que la necesidad de reformas constitucionales gana terreno en la conciencia ciudadana y no solo entre los indignados del 15-M. Unos cambios son más urgentes que otros, pero solo podrán abordarse aquellos que estén en la conciencia colectiva y que gocen del consenso necesario. Ese fue el éxito de la Constitución y cualquier cambio que prescinda de ese requisito está condenado al fracaso. El PP y el PSOE han demostrado tener miedo o desprecio por la ciudadanía, por eso merecen fracasar y que el mapa bipartidista empiece a romperse.

El 20 de noviembre hay una oportunidad de que la ciudadanía defienda esta Constitución para que siga siendo la vía común en la que busquemos el progreso, la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Lo que han hecho PP y PSOE es sólo un gesto de servilismo por el qué dirán los mercados.

*Coordinador general de

IU-Extremadura y Diputado autonómico.