Alberto Contador, el mejor ciclista español de todos los tiempos exceptuando a Induráin, corre desde ayer la Vuelta al Algarve después de que la Federación Española de Ciclismo le absolviera en el proceso iniciado contra él a raíz de que se le hallase en un control durante el pasado Tour de Francia una extraordinariamente pequeña cantidad de clembuterol.
Contador, antes de ese ´positivo´, mantenía intacta su credibilidad entre los aficionados: tenía un pasaporte biológico inmaculado; ha pasado infinidad de controles antidopaje y el que lo ha mantenido sancionado durante meses determinó que la cantidad de sustancia dopante encontrada no representa, ni de lejos, posibilidad de acrecentar su rendimiento. Por tanto, había muchas circunstancias que invitaban a pensar que sería, con justicia, exonerado de responsabilidad. Y, posiblemente, así ha sido: la decisión de la federación ha sido justa. Sin embargo, el caso se ha rodeado en las últimas semanas de unas circunstancias, incluidas las políticas, que van a suponerle una condena y a empañar su trayectoria. Las manifestaciones del presidente del Gobierno y del jefe de la oposición --de una imprudencia rayana en la temeridad-- en favor del ciclista serán cargadas en la cuenta de Contador y, a la vez --y prueba de ello son las reacciones en Francia e Italia sobre este caso y su resolución-- están deteriorando más la maltrecha imagen que España tiene en el campo de la lucha contra el dopaje.
