TMtientras el debate político sigue obsesivamente centrado en las 133 listas de ANV que han pasado la criba, cientos de miles de ciudadanos de este país se verán dentro de unos días en la tesitura de tener que votar listas contaminadas por candidatos que están imputados en delitos de diversa índole, casi todos relacionados con la corrupción. Mientras las listas de ANV han sido escrutadas por la Policía y la Guardia Civil, analizadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado, y sobre ellas se han pronunciado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, estas otras listas contaminadas sólo cuentan con el aval de sus respectivas formaciones políticas, entre las que se encuentran los dos grandes partidos con opciones de gobierno en España.

No perderemos mucho tiempo en reivindicar los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, entre los que tiene lugar destacado la sagrada presunción de inocencia. Pero en política las cosas tienen algunos matices. A Juan Antonio Roca , el cerebro de la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella, también le es aplicable la presunción de inocencia mientras no pese sobre él una condena firme, pero seguramente a ningún partido serio se le ocurriría incluirle en una candidatura electoral ni encomendarle, tras una eventual victoria, la concejalía de urbanismo. Pues eso...

Los partidos políticos son muy libres de tener visiones asimétricas sobre la moral pública y aplicar diferente rigor a las actitudes de sus correligionarios que a las de sus rivales, pero no tienen derecho a transferir a los ciudadanos sus desvaríos y sus responsabilidades no asumidas sometiendo a plebiscito a candidatos bajo sospecha.

A los candidatos imputados les queda la presunción de inocencia, a los electores, su voto, potente arma para descontaminar la vida pública. Lo que todavía no se nos ha explicado es quién responderá políticamente ante los ciudadanos por los electos que eventualmente sean condenados. Y convendría saberlo.