WUwno de los argumentos que en su día esgrimió el Gobierno de Aznar para intentar cambiar el abierto rechazo de los españoles a la guerra ilegal de Irak y el inusitado protagonismo activo español fue que con el derrocamiento del régimen de Sadam Husein se obtendría una posición de privilegio para las empresas españolas que participarían en la posterior reconstrucción del país. No parece que la perspectiva de participar en el botín de guerra sea un argumento sólido para justificar una guerra injusta. Pero, además, el saldo es elocuente: a una filial de la compañía eléctrica Unión Fenosa se le adjudica un contrato de dos millones de euros.
En momentos de máxima euforia --cuando Jeb Bush , hermano del presidente de EEUU, prometió beneficios incalculables-- el Gobierno del PP aspiró a contratos de 6.000 millones de euros. Incluso patrocinó una conferencia de donantes que ya fue el preludio del fracaso, y en la que España comprometió 260 millones de euros sin precisar de dónde saldrían, ni qué destino tendrían. La revisión de la política española en Irak también debe hacerse a la luz de este fiasco, antes de que se achaque al nuevo Ejecutivo la pérdida de unos contratos que nunca han existido.
