El apoyo del PP y otros partidos menoresa la convalidación de los dos decretos que permitirán al Gobierno inyectar dinero público en el sistema financiero español, y que se puso de manifiesto el martes en el Congreso, es tanto fruto de la responsabilidad de los grupos de la oposición como del compromiso de Rodríguez Zapatero de negociar el desarrollo reglamentario de los decretos. Lo cual significa que la gestión del dinero quedará bajo el estricto control del Banco de España, que hasta ahora ha dado muestras de tener las ideas claras sobre la crisis y sus consecuencias en el sistema financiero. Se trata de una exigencia lógica de la oposición a la vista de la cuantía de la operación --un fondo de 30.000 millones de euros ampliables hasta los 50.000 millones para la compra de activos y otro de hasta 100.000 millones para avales públicos; es decir, un mínimo de 150.000 millones-- y del objetivo perseguido: abrir el grifo del crédito a empresas y particulares y restablecer la tan imprescindible confianza en el mercado interbancario.

Sería algo peor que una ingenuidad intolerable el dejar a la propia dinámica del mercado que el dinero vuelva a fluir a la economía real. Y ello por una razón sencilla: la crisis financiera se ha desencadenado, entre otros muchos factores, por la insuficiencia de los mecanismos del mercado. Así pues, es preciso garantizar que el dinero de los contribuyentes no servirá para que las entidades financieras aumenten los recursos propios, sino para que vuelvan a atender, sin estar mirándose de reojo, las necesidades de crédito de sus clientes. Tan cierto es que el sistema bancario español está básicamente saneado --ayer el presidente de Caja Badajoz dijo que ninguna entidad extremeña está necesitada de las ayudas públicas contenidas en los decretos mencionados-- como que los empresarios y las familias sufren cada día más los efectos de una falta de liquidez asfixiante.

La coincidencia en el tiempo de la convalidación y de la aportación de 10.000 millones de euros hecha por el Gobierno holandés en el banco ING justifica indirectamente que se multipliquen los controles. Porque las condiciones de la operación rescate han tenido efectos inmediatos sobre el valor de las acciones del banco --cayeron el 27% el viernes y subieron el 29,2% en cuanto se supo de la medida--, sin que sea posible adelantar si el beneficio de la operación ha quedado circunscrito a los especuladores más avispados o se reflejará en el futuro en el erario público y en la apertura de líneas de crédito que dinamicen la economía real.

Este era, en todo caso, el objetivo final de las medidas concertadas por los países de la eurozona cuando aprobaron una operación rescate que cada Gobierno aplica de acuerdo con las necesidades locales. Y en España, con una crisis urbanística sin precedentes y la debilidad manifiesta de la economía productiva, los controles sobre el funcionamiento, el destino y el uso de los flujos de crédito son indispensables. Lo contrario, sería una irresponsabilidad.