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Nueva sociedad, nueva política

Controlar al poder

 

ENRIQUE Pérez Romero
11/03/2013

El reto de la democracia del siglo XXI, probablemente, consiste en dar con la fórmula adecuada para establecer suficientes y eficaces controles respecto a aquellos que detentan el poder. La aparición del sufragio universal supuso una revolución social en el sentido de que extendía a toda la población mayor de edad la posibilidad de participar en política, influyendo en la elección del programa ideológico y los líderes preferidos, de entre los ofrecidos. Supuso, además, una posibilidad adicional de deponer al poder temporalmente establecido por la fuerza de los votos, en el plazo legalmente estipulado. Hablamos de un salto cualitativo fundamental respecto a la época feudal o a la de las monarquías absolutistas.

El paulatino desarrollo de los regímenes liberal-democráticos durante los últimos trescientos años nos ha colocado, sin embargo, ante una evidencia: el sufragio universal puede convertirse en un simple mecanismo para validar un régimen en el que el poder, finalmente, se encuentra acumulado en muy pocas manos. De una parte, la élite política, un reducido grupo de personas que dirigen los partidos políticos dominantes y que determinan -muchas veces de espaldas a lo prometido a sus votantes- todo el entramado institucional, incluyendo la Ley Electoral (el modo en que ellos mismos son elegidos). De otra parte, la élite económica, unas pocas familias que poseen un elevadísimo porcentaje del capital y que, como se ha demostrado en la actual crisis económica, pueden poner a su servicio a la élite política.

Desde otro punto de vista, el desarrollo científico y tecnológico nos ha llevado ya al límite de demostrar aquello que casi todos intuimos: el poder nos transforma. Cualquier tipo de poder que una persona tiene sobre otra, en dependencia de las características de quien lo posee, es capaz de modificar la estructura de nuestro cerebro. Eso convierte en una ingenuidad --o, al menos, en un acto de voluntarismo poco realista-- creer que alguien en quien depositamos nuestra confianza por sus características personales, por su distinción cualitativa respecto al resto, cuando llegue al poder, será igual que antes de llegar. Que cumplirá lo que promete o que hará gala de sus mejores cualidades. La ciencia y la experiencia nos dicen lo contrario.

 

XESOx no invalida la importancia de intentar elegir a los mejores de entre los mejores, pero sí establece la máxima que aquí planteo: la cuestión fundamental consiste en establecer mecanismos para controlar a todo aquel que asume cualquier cuota de poder.

El reto de la democracia moderna consiste en dejar suficiente libertad de acción a los elegidos para que puedan gobernar eficazmente, sin que el pueblo que los ha elegido pierda la capacidad de examinarlos, evaluarlos y, en su caso, corregirlos o deponerlos. Porque la democracia, en cualquiera de sus formas, deja de serlo cuando los ciudadanos pierden todo el "poder" para decidir su destino. Por eso, en mi opinión, la política contemporánea necesita un salto cualitativo semejante a lo que el sufragio universal fue para la generalización del poder popular; ahora se trata de encontrar la herramienta adecuada para asegurar que ese poder no se delega sin condiciones ni posibilidad de enmienda.

Todo apunta a la limitación del poder de los partidos políticos como intermediación entre los ciudadanos y los representantes institucionales. El análisis de todas las democracias contemporáneas, desde Estados Unidos hasta Japón, pasando por Europa, muestra que los partidos han pasado de ser una forma de vertebrar la voluntad popular para llegar a ser organizaciones burocráticas con tanto poder como para violentar esa voluntad popular. No es necesario, en el momento social y político que vivimos, poner ejemplos: hay demasiados. Tirando de la prohibición expresa que la Constitución hace del mandato imperativo (es decir, la prohibición de que los partidos obliguen a los elegidos en sus listas) habría que trabajar en un doble sentido: consolidar la idea de que ni un concejal ni un diputado obedecen al partido por el que han sido elegidos sino a los ciudadanos; y alentar la pluralidad de formas en la participación política. Y fíjense qué poco se pide, nada revolucionario en este caso, pues ambas cuestiones estaban ya contempladas en la más que mejorable Constitución española de 1978. Solo hay que cumplirla.