La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta ha hecho una valoración del proyecto de Plan General de Urbanismo de la ciudad de Cáceres que supone un correctivo en toda regla a los principales elementos del mismo. Lo hace con guante de seda, porque no insta al ayuntamiento a corregir sino a justificar los planteamientos del plan, pero el mensaje implícito es que se trata de una propuesta inviable: pone en entredicho las previsiones de crecimiento de la ciudad --la comisión recuerda que es nada menos que del 285% en 15 años-- y derivado de ese posicionamiento muestra su desacuerdo con las previsiones de construcción de viviendas, alrededor de 60.000, y las de zonas verdes, toda vez que llegan a sextuplicar la proporción mínima metro cuadrado por habitante que contempla la ley.

Las objeciones que plantea la Junta son razonables: basta para llegar a esa conclusión el reparar en que el dato del aumento de vecinos previsto en el Plan es a todas luces descabellado, porque según sus previsiones Cáceres estaría en condiciones de alcanzar alrededor de 250.000 habitantes en tres lustros. Como lo es, y así lo recuerda la Comisión, hacer declaraciones de zonas verdes de enclaves que cuentan ya con protección, como La Montaña o la Sierrilla. La redundancia obligaría a la ciudad a hacer un gran esfuerzo económico para hacer frente a su gestión.

De igual modo la Junta no está conforme con cómo se definen las prioridades en el suelo urbanizable porque la ciudad corre el peligro de sufrir un proceso de disgregación, dado que no podría impedir que fueran los promotores los que construyeran en razón de sus intereses y sin tener en cuenta si hay o no continuidad en la zona edificable.

El correctivo de la Junta tiene una indudable traducción política: el Plan General de Cáceres empezó a elaborarse en el año 2003 y a discutirse entre Junta y Ayuntamiento en el 2005. La pregunta es obvia: ¿era necesario esperar hasta el año 2008 para llegar a este punto? ¿De qué discutieron las administraciones autonómica y local en las numerosas reuniones que dijeron que habían tenido los años anteriores para que ahora la Comisión de Urbanismo regional se pronuncie tan críticamente no sobre matices o sobre aspectos puntuales, sino sobre las bases del plan? La actual corporación --el PSOE votó en Pleno contra este proyecto-- tiene una papeleta que solventar: modificar los fundamentos del Plan y hacerlo en un tiempo récord. La alcaldesa habló ayer de que confiaba en que pudiera sortear todos los escollos para que pudiera entrar vigor en el segundo semestre del año. Mucho ha de correr, a la vista del paso llevado hasta ahora. Pero es necesario exigirle que lo haga, porque el Plan General de Urbanismo tiene también una traducción económica, a la que se refirió ayer la presidenta de los empresarios de la construcción, quien se quejó, con fundamento, de que los vaivenes del plan habían producido inseguridad jurídica en el sector, que había comprometido suelo y pagado por urbanizable en razón de los previsto en el mismo, y que el recorte que se prevé en el número de viviendas y su retraso es uno de los factores que pueden poner en peligro a la mitad de los empleos del sector y de otros vinculados a él. Un asunto complejo, por tanto, que precisa de la Corporación cacereña, más que nunca, sentido común y buen tino para trazar el futuro de la ciudad.