El próximo 15 de junio se cumplirán 40 años de las primeras elecciones democráticas que siguieron a la muerte del dictador Francisco Franco.
A lo largo de estas cuatro décadas, España ha edificado un sistema político acorde con su entorno, pero con una vía de agua que no se consigue taponar: la corrupción, una lacra que afecta seriamente a la credibilidad de las instituciones, hasta el punto de que las voces más críticas la definen como sistémica.
Desde el 2013 se ha convertido en la segunda gran preocupación de los españoles, según los barómetros del CIS, solo superada por el paro. En Europa, esa inquietud de la población solo es mayor en Moldavia. Esa es la factura que dejan una larga lista de casos, como la Gürtel, Bárcenas, Nóos, Púnica, Pretoria, Taula, ERE, Palau o Pujol. Dentro de la Unión Europea, según la oenegé Transparencia Internacional, España es el undécimo Estado más corrupto.
Los datos son concluyentes como también lo es que la corrupción pasa factura política, pero ni mucho menos en la medida que sería deseable.
El partido del Gobierno está imputado por la mayor trama de corrupción sucedida en España y el PP sigue en el poder con unos resultados electorales que mejoró en 14 diputados en solo seis meses, los que fueron del 20 de diciembre del 2015 al pasado 26 de junio. Queda claro que quienes han pretendido dejar en un segundo plano este tema han hecho bien su trabajo.
Como también lo hacen, pese a la alarmante falta de recursos y de medios, los jueces, fiscales, policías y otros funcionarios implicados en destapar estos casos. Que salgan a la luz pública estas graves irregularidades es el primer e imprescindible paso para intentar acabar con el problema. El segundo es que la justicia haga su labor sin trabas y que los actos delictivos tengan las consiguientes responsabilidades penales. Y el tercero, exigir a todas las formaciones políticas, y por supuesto al Gobierno, una actuación decidida por la regeneración y contra la corrupción. Es una gravísima irresponsabilidad pensar que los resultados electorales exoneran de la responsabilidad de un sistema de corrupción tan profundo como el desvelado en el juicio del caso Gürtel. Devolver la confianza en instituciones y partidos es un paso imprescindible para no alimentar en España la llama populista y demagoga que marca los actuales tiempos políticos.
