WLwa a ciudad de Cáceres tiene que resolver uno de los asuntos de mayor calado social de los últimos años: la aprobación del convenio por el cual El Corte Inglés pretende construir un centro comercial en el solar del colegio de Las Carmelitas. El convenio obliga a una modificación del planeamiento urbanístico porque aumenta la edificabilidad de la zona y reduce los espacios públicos. Dicho convenio contempla una compensación al municipio de 2,5 millones de euros por la pérdida de parte de esos espacios públicos. El Pleno del ayuntamiento tiene que pronunciarse, aceptando o rechazando el acuerdo, y el alcalde José María Saponi ya ha anunciado que lo hará antes del 31 de diciembre, toda vez que la vigencia de los términos del acuerdo finaliza ese día.

Como cabía esperar, y como es obligado, una operación de este calado ha sido objeto de una intensa discusión política, que se ha avivado a raíz de que el concejal popular Manuel Rodríguez Cancho mostrara su disconformidad con la compensación que se pretende al ayuntamiento: el edil cree insuficientes los 2,5 millones previstos y afirma que se irá de la Corporación antes de votar favorablemente una operación que cree que no es ventajosa para la ciudad. La posición de Rodríguez Cancho, muy legítima, supone una china en el zapato del alcalde porque lo deja en posición más precaria de la que ya está y, por la misma razón, es munición para la oposición, que alienta la especie de que la operación no es clara ni, tal vez, regular, a pesar de que la Agencia de la Vivienda ha hecho objeciones para mejorarla, pero no ha encontrado aspectos ilegales.

Convendría, en un asunto de la importancia de éste, hacer un ejercicio de prudencia. ¿Cuánto de insuficiente es esa compensación? ¿En qué es irregular esa operación?. A la espera de que se aporten datos por quienes insinúan, reducir "el beneficio municipal" o "la plusvalía de la operación" a la compensación que corresponda al municipio es no tener en cuentq que el "beneficio" y la "plusvalía" que puede traer a Cáceres El Corte Inglés no es comparable con cantidad alguna: es hacer que la ciudad, como ha ocurrido con Badajoz, se convierta en el centro comercial de muchos kilómetros a la redonda, con posibilidades de progreso para amplios sectores de actividad, incluido el del comercio tradicional, como resulta de la experiencia que ha tenido en este aspecto la zona comercial tradicional pacense, la cual está haciendo con El Corte Inglés más negocios que cuando no competía con él.

Badajoz es un espejo en que mirarse, y no sólo por el cambio producido en su tejido comercial. También por la plusvalía objeto de litigio político. Sólo los voluntariamente desmemoriados dirán que se les ha olvidado que el ayuntamiento pacense, en aquellos años gobernado por el socialista Gabriel Montesinos, no sólo no reclamó beneficios ni plusvalías, sino que puso a disposición de El Corte Inglés el mejor espacio público de que disponía: la plaza de Conquistadores, ante cuyo precio los 2,5 millones que son objeto de discusión en Cáceres no pasan de la categoría de propina. Entonces hubo quejas (el alcalde actual salió en manifestación contra la decisión socialista, lo cual no le impidió ganar las elecciones). Pero lo que entonces fue criticado como una cesión irresponsable y entreguista de patrimonio público es considerado ahora el mejor negocio que hizo la ciudad.