WEw l presidente de la Junta y el alcalde de Cáceres se reunieron en la tarde de ayer para abordar la ´operación Corte Inglés´. Del resultado de la reunión cabe hacer una primera consideración positiva: Rodríguez Ibarra presentó a Saponi una propuesta que, con la anuencia de este, desbloquea la operación, la saca de la vía muerta en que se encontraba y permite un acercamiento de los grupos popular y socialista en el pleno.

Esta propuesta tiene dos fases: la primera consiste en trasladar al promotor Jesús Alarcón la idea de que no cabe pagar por obtener mayor edificabilidad en el solar de las Carmelitas --los ya célebres 2,5 millones que el Ayuntamiento de Cáceres recibiría tras el cambio de uso de la parcela-- y el consistorio solo podría ser resarcido con la cesión del 35% del suelo. Comoquiera que dejar de edificar en un 35% de la parcela (más de 5.000 metros cuadrados) echaría por tierra el proyecto de construir un centenar de viviendas, Alarcón se apresuró anoche a proponer que ese 35% lo pondría a disposición del ayuntamiento en otra zona de la ciudad, y a advertir de que su opción de compra sobre el solar del colegio podría no expirar, como hasta ahora se ha pensado, el 31 de diciembre. Este hecho revelaría que el promotor no habría actuado con la claridad que le debe ser exigida en un asunto de la relevancia ciudadana de este.

La segunda fase de la propuesta del presidente de la Junta se sitúa en el escenario de que Alarcón se retire. En ese caso, sería el propio Gobierno autónomo el que dirigiera la operación: compraría a la congregación la parcela por el mismo precio que le hubiera propuesto Alarcón; El Corte Inglés se podría instalar en esa zona abonando la misma cantidad que ahora y la Junta haría frente a los desembolsos construyendo oficinas de alta categoría, para lo cual está facultada. En este caso, la cesión del suelo al ayuntamiento sería menor (alrededor de 1.000 metros cuadrados) porque el cambio de uso de la parcela no sería a residencial, sino a terciario, cuya obligación de cesión de suelo es del 15% y no del 35%.

Lo importante, pues, es que en ambos casos, El Corte Inglés podrá instalarse en la ciudad en la zona que pretendía, y pocas circunstancias podrán empañar esta negociación si llega a buen puerto.

Pero el éxito de la reunión de ayer --y más un éxito tan rápido-- también invita a que se formulen algunas preguntas: la base de la propuesta de la Junta radica en que resulta inviable, por no ajustada a la ley, la fórmula de la compensación monetaria al ayuntamiento. Si esto es así, y ayer cuando lo propuso Ibarra no lo objetó Saponi, ¿es que nadie había reparado en los informes que ponían de manifiesto que ese era un ´detalle´ esencial? Porque cabe recordar que uno de los factores que acentuaba las diferencias entre el grupo popular y el socialista era la cuantía --no la legalidad; ni siquiera la poca o mucha pertinencia-- de la compensación, a pesar de que algún informe advertía de su irregularidad. Si la vida política cacereña ha estado enredada en discutir sobre un factor que ha resultado ser ilegal, y que se podía haber disipado con nuevas consultas a los técnicos, la responsabilidad de los políticos en la creación de ese clima es inobjetable. Y de otra parte, ¿esa propuesta de la Junta no podría haber sido hecha por el grupo socialista cacereño, en lugar de por el presidente del Gobierno autónomo? ¿Porque en qué lugar quedan quienes dentro de poco se someterán al dictado de los vecinos? No es solo cuestión de capitalizar el éxito, sino de mostrar capacidad para resolver asuntos espinosos.