La detención el pasado jueves de una treintena de agentes de la Policía Local del municipio madrileño de Coslada, entre ellos su jefe, Ginés Jiménez Buendía que, con otros 12, han pasado finalmente a disposición judicial como presuntos responsables de una red de corrupción y extorsión policial, es una historia asombrosa. Que ocurra, es decir que haya amenazas continuadas a ciudadanos; que los policías se conduzcan como mafiosos expertos en el chantaje y ´la mordida´, como si el municipio madrileño estuviera realmente en un país bananero, es para dejar estupefacto al más pintado.
Estas conductas deberán ahora ser probadas ante la justicia, pero del caso de Coslada se desprende ya otra circunstancia: la ley del silencio --la ´omertá´, según la jerga de la mafia--, que afectaba tanto a personas inmigrantes, cuya estancia en nuestro país podía depender de llevarse bien con la Policía aunque esta le chantajeara, como de propios funcionarios policiales, que se han refugiado en ´la obediencia debida´ no solo para mirar para otro lado, sino para ser cómplice mudo de los desmanes. Ahora todo el mundo parece rasgarse las vestiduras, pero es preocupante saber que esta presunta corrupción han sido posible porque muchos se hicieron los sordos y los ciegos.
