WEw l presidente del Gobierno trató el viernes de echar la pelota al suelo en un momento político en el que priman los balonazos sin sentido y las patadas al adversario. Desde Lanzarote, José Luis Rodríguez Zapatero se limitó a hacer un llamamiento a la responsabilidad al principal partido de la oposición, después de que la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, denunciara que miembros de su partido sufren escuchas telefónicas ilegales y que en España se vive en un Estado policial. Palabras muy gruesas que parecían invitar a una respuesta más airada. Sin embargo, Zapatero ha preferido que sean segundos espadas del PSOE los que afronten una de las ofensivas políticas más detestables de las dos últimas legislaturas, pues pone en cuestión, sin pruebas, toda la arquitectura del Estado de derecho.

Cospedal ha recibido el respaldo de otros dirigentes populares --con algunas significativas voces discrepantes--, pero va a tener que afrontar un clamor creciente para que exponga datos que avalen tan graves denuncias. Portavoces de las principales asociaciones de jueces y de los sindicatos policiales han reclamado detalles sobre las supuestas escuchas realizadas desde el poder con el consentimiento o colaboración de jueces, fiscales, policías y agentes secretos. La vaga explicación dada por el Partido Popular --en la que se adivina la larga mano de Federico Trillo, maestro de las medias verdades-- no es suficiente. Cospedal debería hacer una comparecencia pública en la que expusiera con amplitud los datos que la han llevado a hacer tan espectacular denuncia, que pone en cuestión el entramado democrático. Cada día que pase sin dar tales explicaciones será un calvario para ella y un descrédito para su partido.

Pero la ofensiva del PP tiene otro frente inédito: el intento de hacer pasar a Leyre Pajín un examen en el Parlamento valenciano antes de ser designada senadora por la comunidad autónoma. Es un trámite legal, pero insólito, que remite a la idea predemocrática de que los políticos tienen que dar muestras de valencianidad (o de españolidad o de catalanidad) según estereotipos que marcan los que mandan. En el caso de Pajín, estar a favor del trasvase del Ebro o en contra del nuevo sistema de financiación. Quienes opinen de otra manera quedan fuera del régimen. Los populares valencianos nos tienen acostumbrados a frivolidades como dar clases de ciudadanía en inglés, pero esta vez han perdido todo el sentido del Estado y del ridículo.