Magistrada y vocaldel CGPJ

El Gobierno legisla una vez más por la puerta trasera. Esta vez, aprovechando el trámite en el Senado de la ley de arbitraje, ha presentado la enésima reforma del Código Penal, dirigida contra los miembros del Gobierno y del Parlamento vascos. El que convoque un referendo ilegal o financie un partido disuelto irá a la cárcel.

Las formas son esenciales en democracia. Con esta abusiva y fraudulenta forma de ejercer la iniciativa legislativa se impide el debate en el Congreso y se hurta al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado el trámite de informe. En cuanto al fondo, supone un auténtico error: reintroduce el delito político y consigue con ello alimentar el enfrentamiento del nacionalismo vasco con el resto de los poderes del Estado.