Las reformas estructurales deberían afrontarse en tiempos de bonanza, que es cuando se dispone de un colchón capaz de amortiguar cualquier inconveniente sobrevenido, pero suele suceder que, sumidos en una especie de letargo colectivo, se permite que transcurra el tiempo, y es en épocas de máxima turbulencia cuando movidos por la necesidad o por la urgencia, se acometen las reformas de los modelos económicos, corriendo el riesgo de actuar bajo la presión que imponen las circunstancias, más que desde la calma que requieren estos acontecimientos.
Entonces se apela a la solidaridad y al compromiso de las diferentes fuerzas sociales, se nombran interlocutores válidos al objeto de institucionalizar estos encuentros. El sentido último del Pacto Social, no es el de diluir la responsabilidad del Gobierno delegándola en otros, ni el servirles como coartada ante la impopularidad de tener que asumir determinadas medidas, sino el tomar iniciativas de forma consensuada, cobijados bajo el paraguas protector del diálogo y de la concertación social, donde se tienen en consideración los intereses y puntos de vista de las diferentes fuerzas allí representadas, ya sean sindicales, empresariales o políticas.
XESTOSx encuentros provocan una reacción positiva en la opinión pública, un mensaje nítido de que las instituciones no se dejan arrastrar ni por el pesimismo ni por la indolencia sino que, sirviéndose de los instrumentos que tienen a su alcance, plantan cara a los problemas, sentando las bases para un cambio perdurable y que se adecue a las necesidades y a los retos del futuro. Esto a su vez, garantiza la paz social, descartando ese ambiente conflictivo que suele ir asociado a los tiempos convulsos. No se trata de poner una mordaza a los agentes sociales, ni de promover ese sindicalismo vertical y sumiso que algunos han querido ver, sino de que la sociedad asuma que deben realizarse unas transformaciones que pudieran resultar dolorosas, pero que son inevitables para superar las circunstancias adversas.
Lo que ahora se ha producido ha sido una primera toma de contacto para fijar posiciones, no tiene sentido la crítica de quienes acusan a este encuentro de estar diseñado con una intención claramente protocolaria e inconcreta, como si sólo se persiguiera el efecto óptico de su puesta en escena; porque quienes así opinan se han olvidado de valorar la dificultad que entraña el poner en marcha un proceso semejante, definiendo las intenciones de partida sobre las que cada cual pretende articular los futuros acuerdos, donde de entrada, el Gobierno, se ha comprometido a mantener el gasto social a salvo de recortes, y a no tomar ninguna iniciativa laboral sin el consenso de los interlocutores sociales.
No se pueden resolver los planteamientos nuevos a base de recetas antiguas, como si las reformas sociales constituyeran la única fórmula capaz de hacer más competitiva nuestra economía. Y es que con independencia de los síntomas que hayan provocado la crisis, siempre suele aplicarse el mismo tratamiento, y las curas suelen terminar aplicándose sobre las espaldas de los de siempre, con reformas laborales basadas en la flexibilización del mercado de empleo, el cambio de las modalidades de contratación, la promoción de la movilidad, el moderar el crecimiento salarial haciéndolo depender de la productividad, al tiempo que intentarán recortar los márgenes de beneficios de las empresas, bajar los impuestos de sociedades y las cotizaciones sociales, apostar por la energía nuclear tratando de amortiguar el déficit energético exterior; intentar cambiar el actual modelo de crecimiento basado casi exclusivamente en la construcción y en el consumo, adecuar el sistema educativo a las necesidades reales de la sociedad.
Y para completar la jugada no han dejado atrás la reforma del sistema de pensiones, tratando de ampliar la edad de jubilación, aumentando el periodo de cotización necesario para poder percibir una pensión, instando a que se suscriban fondos de pensiones privados que complementen a los públicos, debiendo abordar las reformas de las estructuras comerciales para que los productos no se disparen de precio, ya que además de disminuir el poder adquisitivo de los ciudadanos, provoca que se descontrole el diferencial de la inflación.
La primera consecuencia de la crisis es la destrucción de empleo, lo que genera unos menores ingresos en las arcas de la Seguridad Social, al tiempo que hace que aumenten sus gastos como consecuencia de tener que soportar las cuotas derivadas del incremento del número de subsidiados, con lo que el superávit que tanto esfuerzo ha costado acumular en ejercicios anteriores se terminará volatilizando a las primeras de cambio.
Un dato más que indica la trascendencia que tiene el diálogo social, lo encontramos en la disposición del propio presidente del Gobierno a ponerse personalmente al frente de este proyecto, no escondiéndose ante los riesgos que pudieran derivarse de que el Pacto Social no consiga satisfacer todas las expectativas y nos veamos arrastrados por la fuerza imparable de una corriente que ni tan siquiera nos hemos atrevido a imaginar.
*Profesor.
