Un pacto contra la crisis es siempre conveniente. Ultimamente se ha pedido la reedición de los pactos de la Moncloa, hoy imposible. En 1977 no había Constitución y los partidos debían garantizar la democracia. Hoy luchan por el poder y el gran objetivo del PP es derrotar a Zapatero, como demuestra la negociación con ETA de la pasada legislatura. Y la grave crisis de 1993 se afrontó sin pacto.

Excluidos los pactos de la Moncloa, cuando los partidos arrastraron a los agentes sociales, Rodríguez Zapatero planteó un pacto social que garantizara la paz laboral (lo peor sería un aumento de la conflictividad) e inspirara confianza a ciudadanos y agentes económicos. Tampoco ha sido posible. Los sindicatos se negaron desde el principio a discutir una reforma laboral y Zapatero, consciente de que el intento del expresidente del Gobierno Felipe González de tocar este asunto contra los sindicatos llevó a una huelga general, planteó un pacto social de mínimos. Quería pactar un marco para mantener el gasto social como amortiguador de la crisis e iniciar algunas reformas que impulsaran la competitividad. Entre ellas una rebaja de las cotizaciones sociales que haría menos gravosa la creación de empleo.

Tampoco ha salido. La CEOE aceptó a medias excluir la reforma laboral, pero planteó una rebaja de las cuotas patronales de 5 puntos que ni

Gobierno ni sindicatos podían aceptar porque dañaría las cuentas de la Seguridad Social. Y cuando no logró esa rebaja (que otros grupos empresariales creen excesiva) volvió a la reforma laboral. Está en su derecho, nadie puede ser forzado a negociar. Pero es un error. La paz social conviene a las empresas y la confianza ayuda al consumo y la inversión.

Quizá no quiere dar a Zapatero un pacto social porque simpatiza con el PP (Díaz Ferrán lo dijo ante un micrófono que creía inactivo), pero las elecciones son dentro de tres años. Y España debe llegar al 2012 en las mejores condiciones posibles.

Lo planteado ayer, proponer que en septiembre se reanude el diálogo social, previa rectificación sindical, no enreda a nadie. La reforma del mercado de trabajo debe discutirse y es quizá conveniente. Muchos economistas lo creen así, incluido el secretario de Estado de Economía. Pero plantearla como un trágala a Gobierno y sindicatos es la mejor manera de no hacerla avanzar. Además, lo que no hizo nadie en los años del boom (1996-2007) es difícil cuando el paro sube un millón de personas en seis meses.