Presidente de la Asociación Adhex

Parece que tuviera que ocurrir un desastre de la envergadura de la marca negra ocasionada por el Prestige, para que la mayor parte de la población se dé cuenta de algo que lleva ya algunos años sucediendo, el progresivo abandono por parte del Estado de sus responsabilidades en relación a la defensa de nuestros derechos humanos. Pero la evidencia es ahora palpable, con tragedias como las que se está viviendo en estos momentos en nuestro país, ya no debiera caber la menor duda a nadie, el Estado cada vez más pequeño, cada vez con menos fuerza, cada vez más impotente, no es capaz de responder con rapidez y eficacia cuando la urgencia de la situación lo requiere, pero lo que es igualmente grave, tampoco responde cuando día tras día van desapareciendo la protección de derechos sociales, económicos y culturales, que forman es mínimo vital que los Estados se han comprometido a garantizarnos al firmar los tratados internacionales de protección de nuestros derechos. Ayer se celebró el 44 aniversario de la aprobación por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una vez más debemos aprovechar esta fecha para denunciar al progresivo desmantelamiento de la red que nos protege frente a los abusos de los poderosos o de los mejor situados y exigir la continuidad de un Estado garante en todo momento de nuestros derechos. La tragedia gallega no es sino la consecuencia de una situación en la que lo primero son los intereses económicos, da igual que barcos como auténticas bombas circulen por nuestras costas, correremos el riesgo, siempre podremos tomar la decisión de prohibir su circulación una vez se ocasione alguna desgracia, y quedaremos estupendamente, porque parecerá que hacemos algo. Es indignante, bochornoso y muy significativo cómo después de la catástrofe se toman las medidas que deberían haberse tomado hace años si creemos en los derechos de miles de posibles afectados por un accidente. Pero igual de indignante y bochornoso es comprobar cómo el Estado se exime de sus responsabilidades en la garantía de otros derechos de colectivos específicos día tras día, que aunque nos parezcan menos importantes, son eslabones igualmente fundamentales en el mantenimiento de un Estado de bienestar que nos proteja cuando lo necesitemos, y de esta manera no se invierte en integración de inmigrantes, todo lo contrario, los conducen a la delincuencia y generan el aumento del racismo, no invierte en la reinserción de los reclusos, la reincidencia es la consecuencia natural de esta política, y la tan cacareada inseguridad ciudadana no es más que el producto de ese no creer en la seguridad de nuestros derechos, se invierte cada vez menos en educación, la desaparición de muchas becas impedirán a muchos jóvenes tener la oportunidad de estudiar, y el aumento del precio de la vivienda, con menos inversiones en viviendas sociales, convertirán otro derecho como el de tener una vivienda en artículo de lujo y especulativo. Hay mucho en juego. Todos los derechos humanos para todos/as, sin exclusiones, debe ser el objetivo de cualquier política, de cualquier sociedad, si no las mareas negras volverán a mancharnos a todos.