TRtecientemente se ha publicado el informe del Tribunal de Cuentas en relación a la fiscalización de las administraciones locales, en el que explícitamente se manifiesta que, al menos, unas dos ml entidades no han remitido su estado de cuentas, hablamos de ayuntamientos, cabildos, diputaciones, y mancomunidades. Esto es, se han mostrado opacas en su obligación de rendir cuentas ante el máximo órgano, en su responsabilidad de responder por si la gestión de los dineros públicos cumple de forma adecuada en relación a lo que la legislación demanda. De hecho, a veces se tiene la sensación de pensar en que lo público es de todo y de todos, y no requiere del mismo nivel de austeridad y compromiso que cuando el ciudadano maneja su dinero privadamente.

XPARECEx ser que uno de los datos que más ha llamado la atención de ese informe es el hecho de no disponer, por parte del Tribunal de Cuentas, de los datos a tiempo, para poder llevar a cabo una verdadera auditoría, y más, teniendo en cuenta, que este Tribunal es muy criticado por la falta de eficiencia, por cuanto sus fiscalizaciones parecen siempre producirse a tiempos pasados, que dan poco margen para poder corregir comportamientos nada recomendables de utilización de ese dinero público.

XY TODO ELLOx se produce en el contexto de mayor exigencia respecto al comportamiento de todas las administraciones públicas, que lleva a cuidar mucho el céntimo que se emplea. Y, por la necesaria reclamación por parte de los ciudadanos de la mayor trasparencia, queda todavía un largo camino por recorrer, que otorgue credibilidad a este órgano fiscalizador y de fuerza a las administraciones locales frente a su labor como ejemplarizantes entre sus ciudadanos.

XPEROx no todas cumplen por igual, y con ser, a veces, temas que pueden generar ciertos conflictos sería muy interesante poner sobre el papel aquellas entidades que no son cumplidoras, ya con el sólo hecho de dar la información requerida al Tribunal de Cuentas, y saber hasta qué punto tratan de esquivar su responsabilidad con su obligación de ser trasparente y someterse al control de este órgano de control de las cuentas públicas.

XSE MANIFIESTAx que un total de 1.650 cuentas referidas al ejercicio 2011 no han sido rendidas, de las cuales 1.275 correspondían a ayuntamientos, una diputación provincial, 360 mancomunidades, dos áreas metropolitanas y 12 agrupaciones de municipio, según el órgano fiscalizador de la Administración General del Estado.

XCON SERx este dato esclarecedor lo importante ahora es tomar medidas para corregir este tipo de praxis. Y para ello habrá que poner a colaborar las distintas instancias administrativas y el poder legislativo para que el no atender a los requerimientos y obligaciones del Tribunal Constitucional lleve aparejado algún tipo de responsabilidad especialmente a aquellos que tienen la responsabilidad objetiva de cumplirla. En este país tenemos que aprender a valorar el trabajo y el esfuerzo que hacen las administraciones públicas; y también a tener la capacidad de reclamar de forma argumental lo mal que pueden llegar a hacerlo los gestores públicos, como mínimo en lo que les compete.

XES EVIDENTEx que tener controles está bien, para poder llevar a cabo una verdadera labor de fiscalización, pero si esos controles no los sabemos atender y corresponder de poco sirven. Y más aún, cuando su incumplimiento pueda resultar bastante barato, por cuanto no pasa absolutamente nada. Es el viejo refrán siempre de este país, aquí nadie devuelve nada, porque lo que es de todos, parece no ser responsabilidad de nadie.