Desde hace unos años, la famosa cuesta de enero ya no consiste en la clásica y difícil compensación de los excesos de las fiestas navideñas y la normalidad que impone el día a día de los hogares. No se trata de aprovechar los buenos precios de las rebajas de invierno para hacer las compras aplazadas. Simplemente, las familias acusan cada vez con más fuerza los efectos de la crisis, bien sea en forma de pérdida del empleo, de la capacidad adquisitiva de sus ingresos o del encarecimiento del coste de la vida, y llegan agotadas a ese final de año un tanto artificial que marca el calendario.

Cuando, según los análisis de los economistas más ingenuos, vivíamos por encima de nuestras posibilidades, las preceptivas subidas de las tarifas de cada primero de enero podían contemplarse con la resignación complacida de quien sabe que el encarecimiento de los precios se reflejará en el IPC y que este será compensado finalmente por la actualización de los salarios y de las pensiones.

Pero hoy las cosas son distintas. No solo los precios y las tarifas oficiales suben por encima del IPC, sino que para mayor gravedad la inflación ha empezado a dejar de ser referencia para la actualización de las rentas. El último Gobierno del PSOE congeló las pensiones para ahorrar una cantidad ciertamente ridícula --1.500 millones-- si la miramos en términos del déficit o deuda pública, pero iniciaba un camino ahora seguido por el Partido Popular y que consiste en desvincular los ingresos de los jubilados del IPC.

Lo mismo está ocurriendo con las revisiones salariales. La doctrina europea dice que España debe asegurar la viabilidad de su sistema de pensiones, lo que traducido al román paladino significa que debe reducir la cuantía de sus pensiones públicas. Y de la misma forma apunta que, dado que el país no puede devaluar su moneda, la única salida que le queda es una devaluación interna vía salarios.

Las subidas de enero, incluso por encima de la inflación, responden --o favorecen-- precisamente a ese objetivo de empobrecimiento, a esa pérdida de capacidad adquisitiva de los españoles. Son unos incrementos de precios que influirán en la subida del IPC, pero este desvío ya no será neutralizado en los ingresos de los ciudadanos. Era un círculo vicioso que había que cortar, dicen los especialistas, y sí ha sido cortado, pero a la altura del eslabón más débil.