El Gobierno ha puesto sobre la mesa dos cuestiones que van a levantar ampollas en los sectores más conservadores de la sociedad española. La primera es la nueva legislación sobre el aborto, que ya ha provocado la reacción del Vaticano, la jerarquía eclesiástica española, los grupos provida y el partido más afín a las posiciones de todos ellos: el PP.
La segunda cuestión la abordó ayer el ministro de Sanidad, Bernat Soria: la intención del Gobierno de regular el suicidio asistido, si es posible en esta legislatura. Una comisión conjunta de Sanidad y Justicia estudiará el modo de hacerlo, que puede suponer una modificación del Código Penal. El ministro considera que la sociedad española es madura y está preparada para afrontar este debate, y confía en alcanzar un consenso con los populares.
Lo primero se irá viendo con el tiempo. Lo segundo ya se puede descartar: al PP le faltó tiempo para buscar la frase ocurrente (González Pons habló de "liquidar al personal con cargo a la Seguridad Social") sin dar ninguna oportunidad a la reflexión pedida por Soria, y para acusar al Gobierno de crear cortinas de humo que escondan la crisis y de generar debates inexistentes en la sociedad. Los mismos argumentos que empleó para descalificar la reforma de la ley del aborto. El PP es libre de elegir por qué oposición apuesta, pero estos debates son necesarios: baste recordar el caso de Ramón Sampedro, en 1998, o, hace unos meses, el de las mujeres que tuvieron que comparecer ante el juez por haber abortado, añadiendo la inseguridad jurídica al dolor que ya de por sí causa tomar una decisión como esa.
