El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tomado personalmente la controvertida decisión de conceder el segundo grado penitenciario o prisión atenuada al etarra Ignacio de Juana Chaos, que se encontraba en huelga de hambre desde el pasado 7 de noviembre y corría grave riesgo de morir si no ingería alimentos de forma inmediata. El Gobierno ha tenido en cuenta tanto los factores humanitarios --evitar el seguro fallecimiento del recluso-- como los políticos, al impedir que De Juana se convirtiera en un mártir para el entorno etarra. Pero el Gobierno también ha tenido en cuenta otros factores que interfieren en este caso: ha asumido un considerable desgaste, al ceder al desafío que le planteaba un terrorista no arrepentido, autor de 25 asesinatos y notorio cabeza visible de la vesania y crueldad de la banda terrorista.

La opción tomada por Rubalcaba es, en primer lugar, legal después de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenaba a tres años por un delito de amenazas. Así lo avala la resolución del juez de vigilancia penitenciaria, asumida por la Audiencia Nacional, en la que se especifica que no estamos ante un beneficio penitenciario porque el etarra seguirá vigilado en el hospital de San Sebastián al que ayer fue trasladado y, posteriormente, en su domicilio, hasta que cumpla el total de la condena, para lo que le faltan unos 18 meses. Incluso el PP, que ayer tuvo otra reacción furibunda, admitió la legalidad de la medida. La misma legalidad, por cierto, de las excarcelaciones dispuestas por José María Aznar cuanto tenía responsabilidades de Gobierno.

La decisión es, en segundo término, difícil e impopular. En el actual contexto político, el Gobierno va a ser sin duda acusado por la derecha de ser blando ante los terroristas e incluso de alimentar la reanudación del proceso de paz. Los dos principales líderes del PP, Mariano Rajoy y Angel Acebes, golpearon ayer duro a José Luis Rodríguez Zapatero porque creen que han encontrado el flanco más frágil del presidente. En cualquier caso, la comparación hecha por el secretario general del PP entre este caso y el del asesinato de Miguel Angel Blanco, en el que el Estado no cedió, parece absolutamente fuera de lugar.

Por eso la medida adoptada con De Juana es, además, valiente. Al salvar la vida de uno de los más sanguinarios miembros de ETA, el Gobierno pone por delante unos principios más difíciles de vender, pero que encarnan la base de la urdimbre de un Estado cívico, que la pura y simple mano dura, que es lo que muchos ciudadanos reclaman. Así lo reconoce la resolución del juez José Luis de Castro, quien señala que con la concesión del segundo grado penitenciario se subraya "la superioridad ética del Estado de derecho" sobre los criminales. El Estado se hace más fuerte cuando, desde la impecable legalidad, por mucho que cueste aplicarla, aleja el fantasma de la venganza.