En Extremadura la escuela tiene un carácter eminentemente público, ya que el 80% del alumnado cursa sus estudios en centros públicos, en la línea de los países de la Unión Europea. Esta escuela vertebra la educación y ejerce un papel de cohesión social y de integración de la comunidad cultural y religiosa, ya que la educación pública cumple y garantiza la integración social, económica y cultural de alumnos y ciudadanos. Para que desempeñe eficazmente este papel social, la escuela pública debe estar dotada de recursos humanos, técnicos y didácticos, que aseguren su financiación y que sean independientes de intereses económicos e ideologías políticas. Esta exigencia a la escuela pública está en peligro, es más hasta en retroceso, y con la crisis económica puede profundizarse. Así, se percibe su falta de financiación, con un recorte de más de 90 millones de euros en dos años en los presupuestos educativos regionales, que está afectando cuantitativamente a su eficacia y función social. El dato más significativo es la reducción de los presupuestos a los centros y de las plantillas del profesorado de la escuela pública (así lo manifestaban los centros en una encuesta realizada por FETE-UGT en octubre de 2010). Este hecho va a perjudicar la lucha contra el fracaso y abandono escolar, así como a la atención a la diversidad, lo que puede incidir en el proceso de convergencia educativa con la media española y europea.
Pero la escuela pública tiene otro problema: muchos padres no la consideran atractiva para sus hijos. Por ello, apostamos por una escuela que matricule en función no sólo de la oferta de plazas, sino por el convencimiento de la sociedad y la familia. No obstante, para que esto ocurra, hay que superar una serie de disfunciones que perjudican la imagen de la escuela pública. Y es que, sin entrar en valoraciones de tipo subjetivo, hay unos indicadores que tienen que modificarse, cuya competencia depende en exclusividad de la administración. Nos referimos a la necesidad de una política firme sobre el reparto equilibrado del alumnado con necesidades de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, que en estos momentos están escolarizados mayoritariamente en los centros que ostentan la categoría de "públicos". Así, esta política sólo será eficaz cuando la Administración dote, de una vez por todas, a los centros concertados (y a todos los "públicos") con profesorado especialista, cuando elimine trabas administrativas y, si es preciso, adopte medidas de proporción máxima de escolarización de este tipo de alumnado.
Pero, para que el profesorado pueda desarrollar su actividad educativa e instructiva con garantías de éxito, es una exigencia la reducción de las ratios máximas y que los centros tengan unas ratios ajustadas a las necesidades educativas.
También el pilar básico de la escuela pública (el profesorado) presenta malestar. No sólo por los recortes retributivos y el empeoramiento de sus condiciones de trabajo, sino porque la administración le exige que dé respuesta a retos educativos, referidos a la sociedad de la información y el conocimiento, para los que carece de formación y de recursos específicos. Malestar, cuyo exponente más destacado es la preocupación del profesorado de cómo afrontar los problemas de convivencia, conductas disruptivas y falta de disciplina en el aula. A estos problemas la administración, con la colaboración de las organizaciones sindicales y el resto de la comunidad educativa, tiene que darle respuesta, para que el profesorado cumpla con su responsabilidad y su realización profesional en la escuela pública, así como para revitalizar los valores básicos que la conforman.
Por todo ello, solicitamos a la comunidad educativa, y en especial a la administración, que adopte medidas urgentes para resolver estos problemas y vele por una escuela pública de calidad. Así, solicitamos el cumplimiento de las reglas de juego entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya que los centros públicos no sólo deben cumplir funciones de integración sino también funciones de desarrollo de la personalidad del alumnado, transmisión del conocimiento y preparación para la vida activa, con el fin de que se ajusten a las necesidades sociales y educativas.
La Ley de Educación de Extremadura puede ser un instrumento que dé respuestas a estas realidades y demandas de la escuela pública.
