La prensa es el «perro guardián» de la democracia, según definición del Tribunal de Derechos Humanos. Para que pueda desarrollar su trabajo en las necesarias condiciones de libertad y fiabilidad, el secreto profesional es un elemento imprescindible de la tarea periodística. Derecho que está recogido por el artículo 20 de la Constitución. Partiendo de este marco universal de protección, alarma la incautación de los teléfonos móviles de dos redactores (Europa Press y Diario de Mallorca) por orden del juez de Palma que instruye el caso Cursach (una presunta trama de connivencia entre responsables de locales de ocio de Mallorca, policías locales y políticos del PP para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach).
La fiscala general del Estado, María José Segarra, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre el tema aludiendo al carácter secreto de la pieza. Pero cuesta mucho defender el atropello, no solo profesional, también personal (al tratarse de móviles privados), cuando ni siquiera existe conflicto entre la preservación del derecho y el interés público, ya que ninguno de los dos periodistas figura como investigado en el tema. La polémica actuación sienta un peligroso precedente, restringe la libertad periodística (las investigaciones se basan en la confianza de las fuentes), lamina la calidad democrática (erigida sobre sus instituciones) y añade un motivo más de descontento hacia una justicia constantemente en el ojo del huracán.
