La Constitución de 1978 ha diseñado un marco de convivencia distinto a todos los anteriores. El espíritu consensual que presidió la Transición ha permitido una profunda transformación de nuestro país bajo la orientación de los principios en que se asienta nuestro Estado social y democrático de Derecho. El resultado ha sido un periodo de libertad y crecimiento económico jamás contemplado en la historia de España.
Sin embargo, asistimos a momentos en que ciertas fuerzas políticas parecen empeñadas en arruinar estos logros de la sociedad española. Por un lado, los independentistas buscan la quiebra del Estado español pretendiendo una secesión de territorios a todas luces imposible e insolidaria. Ya no se esconden a la hora de proclamar que quieren tumbar el régimen. De otro lado, los populistas y antisistema intentan implantar modelos políticos y económicos cuya puesta en práctica ha resultado un rotundo fracaso. La excesiva centrifugación del Estado de las Autonomías es otro peligro que nos acecha. El título VIII de la Constitución no pudo cerrarse convenientemente. Es la única objeción que podemos hacer a nuestra Carta Magna. Y, por último, para mayor desconcierto, las políticas lingüísticas de algunos territorios reflejan una sobrevaloración ilógica de lenguas autonómicas en detrimento de la común.
Para la consecución de sus fines, estos movimientos necesitan la subversión del orden constitucional. Se comprende que los enemigos del sistema aúnen fuerzas y no desaprovechen ninguna ocasión para intentar socavar los poderes del Estado. Hasta ahora han venido intentando bordear la Constitución o incumplir las resoluciones de los Tribunales. Pero ya han dado un paso más y la Monarquía se ha convertido en presa de caza. Y, con la complacencia del Gobierno, se intenta controlar el Poder Judicial, garantía de que los poderes legislativo y ejecutivo no se desmarquen del cumplimiento de la ley.
Son muchos los españoles que lamentan que algunos responsables públicos no enhebren un discurso más valiente y decidido en defensa del modelo constitucional que tanto bienestar nos ha procurado. Más aún, no entienden que se plieguen a las exigencias de los que quieren destruir España. Ningún gobierno, sea del signo que sea, debiera permitir que se incite impunemente a derrocar la legitimidad y autoridad que emana del propio Estado. Todos los episodios independentistas y actos de descrédito de las instituciones democráticas que quedan sin respuesta solo ponen de relieve la debilidad o cobardía del gobierno que lo permite.
La Constitución ha nacido del poder soberano del pueblo español. El Estado se basa en la fortaleza de sus poderes. Por ello, deben ejercerse con vigor sus prerrogativas para cumplir sus fines. Nuestra Ley fundamental representa un régimen de libertades públicas de los más avanzados. No ha prohibido siquiera los partidos que tienen como fin derrumbar el andamiaje de nuestro sistema constitucional. Pero una cosa es permitir su existencia y otra permitir un juego alejado de las prácticas democráticas. Los peligros que representa la configuración de un Estado federal han llevado al Tribunal Constitucional alemán a poner de relieve que los procesos de toma de decisiones en Alemania deben desarrollarse conforme a un sistema democrático. En otras palabras, los poderes del Estado no pueden erosionarse por la cesión de competencias, sea a Europa sea a los estados federados.
Si un país tan poco sospechoso de centralismo como es el alemán se preocupa por fortalecer el poder y la soberanía del Estado, en especial contra las tendencias centrifugadoras de los länder, no se comprende por qué algunas fuerzas políticas españolas quieren resolver los problemas independentistas con complacencia y sumisión. Si el Estado español pierde soberanía o no la ejerce, los brotes populistas y la deriva independentista acabarán por erosionar nuestra convivencia.
Estas actitudes dirigidas a socavar los cimientos de nuestra convivencia exigen por parte de las fuerzas políticas una reacción reflexiva y serena, pero firme. Y hasta que no se modifique democráticamente nuestra Constitución, la defensa del orden constitucional equivale a la salvaguarda de la democracia.
*Catedrático de universidad
