Para bancos y servicios de estudios, las perspectivas de la economía regional son optimistas en 2017. El BBVA prevé un crecimiento del 2,6% y Funcas sitúa la tasa de paro en el 26,1% al final del año, buen dato si se compara con el 28,3% del año pasado o el 35,7% del primer trimestre de 2013. Desde el inicio de la recuperación, de los 66.000 empleos perdidos de 2008 a 2013, se recuperaron solo 18.000 en los dos años siguientes por la mayor competitividad de la empresa (sectores intensivos en mano de obra se automatizan, como es el caso del agroindustrial), es decir, en 2015 se produjo un 3% menos que en 2008 con un 12% de trabajadores menos. Por otro lado, la Región presenta desequilibrios en déficit y deuda pública.

En 2016, la Región redujo su déficit en un 1,2% del PIB, situado en el 1,6%, por un crecimiento del 2% en 2016 y a la liquidación de la financiación de 2014. A marzo de este año, se sitúo en el -0,45%, menor que el -0,78% del primer trimestre de 2016, pero sigue siendo elevado con escasa probabilidad de cumplir el objetivo del 0,6% según la Airef. La desaceleración del consumo (ventas minoristas bajaron un 1% interanual en julio), hará que baje la recaudación de los impuestos cedidos a la Región. La Junta, para bajar el déficit hasta el 0,6% en 2017, se basa en el control del gasto (los ingresos en el presupuesto aumentan solo un 0,3% con respecto al 2016) y en la buena marcha del ciclo económico.

Recuperar el equilibrio presupuestario es clave para garantizar el crecimiento (emitir deuda supone desviar fondos para pagar deuda e intereses, que equivale a una política fiscal restrictiva) y la sostenibilidad de la deuda. En el período de 2008 a 2013, el PIB se contrajo un -5,7% acumulado, que provocó que la deuda se triplicase, para continuar aumentando hasta 2016 (a pesar del crecimiento del PIB desde el 2014 y a la venta de inmuebles) y llegar al 27% en 2022 según la Airef. El déficit excesivo contribuyó a que, en el primer trimestre, la deuda aumentase en 164 millones con respecto al anterior trimestre (del 22,9% al 23,6% del PIB) y en 548 millones, comparado con el primer trimestre de 2016. También, la existencia de ahorro negativo (la diferencia entre ingresos y gastos corrientes), en el presupuesto de 2017, contribuirá a su aumento.

Debemos seguir creciendo, si para la Junta el comercio exterior es un motor del crecimiento, el saldo comercial positivo debe aumentar por exportaciones más competitivas vía precio. A junio, la zona euro recibió el 72% de la exportación, al no poder depreciar el euro, un nivel bajo de precios mejoraría la relación real de intercambio (índice de precios regional entre el del mercado objetivo), para la zona euro, y «depreciaría» (en términos reales) el euro para otros mercados.

El repunte de la inflación es clave en la bajada del saldo comercial positivo desde septiembre de 2015 (en 2016 las exportaciones bajaron un 2,2% con respecto al 2015 y las importaciones aumentaron un 2,6%). Desde ese mes, los precios no han parado de subir, para abandonar los valores negativos, hasta el 1,2% interanual en julio. De seguir, dificultaría el proceso de consolidación fiscal, provocaría un aumento de los salarios y el encarecimiento de nuestros bienes con respecto a los importados. Además, caería el consumo (por la bajada del salario real), afectando a la creación de empleo, y complicaría la emisión de deuda a bajo interés (aumentando el servicio de la deuda por mayores intereses), afectando al control del gasto. Si el BCE continúa con los estímulos, el exceso de liquidez anularía ese efecto, pero si normalizase la política monetaria, pararía inversiones reduciendo el ritmo de crecimiento.

En conclusión, de continuar los desequilibrios, la Región se expondría a factores exógenos para atender sus gastos corrientes y servicios públicos. Minimizarlos exige aumentar los ingresos acabando con la evasión y elusión fiscal y crear nuevos impuestos o aumentando los actuales ya que la sociedad demanda mejores servicios públicos (reducción de la lista de espera en sanidad), que implica que soportaría mayor presión fiscal a cambio de ello. Está claro que una tasa de ingresos públicos del 30% del PIB no es suficiente, pero ¿qué Gobierno estaría dispuesto a asumir el coste político de estas medidas tan impopulares?