Cuando Mariano Rajoy anunció en el debate del estado de la nación que el déficit público del 2012 había quedado por debajo del 7% --después se dijo oficialmente que había sido del 6,7%--, algunos escépticos dudaron del dato. La Agencia Tributaria ha confirmado que efectivamente esa cifra es tan legal como cuestionable. Hacienda ha devuelto en enero a personas físicas y empresas 15.252 millones de euros por impuestos cobrados de más en el ejercicio pasado. Baste constatar que en el mes de enero del 2012 se devolvieron 9.040 millones para ver que el retraso en las devoluciones de este año ha aumentado muy significativamente y a favor de Hacienda.

Ese atraso en las devoluciones ha provocado que el déficit del Estado correspondiente al mes de enero aumentase un 69% respecto al mismo mes del año anterior, un porcentaje que no es extrapolable al análisis sobre la evolución de las cuentas públicas anuales. Solo sirve para comprobar que el Gobierno utilizó la cosmética para redondear unos números presentables ante Bruselas, de quien se espera otro gesto de flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

El Gobierno confía en que la economía española deje de caer a partir del tercer trimestre y que el aumento de la recaudación compense el desplazamiento masivo al 2013 de las devoluciones correspondientes al ejercicio anterior. El Ministerio de Hacienda negó ayer que ese retraso haya sido intencionado. En realidad, dijo, responde a que la nueva legislación es más exigente con los reembolsos solicitados y obliga a inspecciones más minuciosas y lentas. Lo cierto es que la propia Administración central hace y deshace para presentar las cifras como más le interesa en cada momento, de modo que el déficit generado en enero del 2013 se sitúa en el 1,2% del PIB cuando su objetivo anual es del 3,8%, y del 4,5% para el conjunto de las administraciones públicas.

Es de esperar que, al margen de que la Unión Europea rebaje sus actuales exigencias, la estabilización de la economía se haga realidad. Lo contrario sería un desastre, porque en ese déficit trasplantado al 2013 un día u otro habrá que añadir el importe de las deudas contraídas y no pagadas por comunidades autónomas y ayuntamientos, esas que se embalsan en el plan de pagos a proveedores incumplido y cuya reedición ya reclaman algunos consejeros de Economía.