Los jueces y abogados cacereños han dado la voz de alarma en torno al importante incremento de la delincuencia juvenil en la provincia, lo que ha obligado a redoblar los esfuerzos en asistencia jurídica. En sólo dos años el número de menores implicados en algún hecho delictivo ha experimentado un auge superior al 25%; una evolución "especialmente preocupante", en palabras de los propios abogados que, entre otros datos relevantes, destacan la alta incidencia de casos de malos tratos o que la mitad de las acciones delictivas están protagonizadas por niñas.
Las cifras resultan desalentadoras y para frenar esta tendencia sólo queda recurrir a la principal vía regeneradora que no es otra que corregir los comportamientos desde la propia escuela. La responsabilidad de educadores, padres y adultos en general es fundamental para ofrecer otras alternativas de futuro a los jóvenes, alejadas de las acciones delictivas. Desde el ámbito estrictamente jurídico se ha llamado la atención sobre un problema latente que obliga a activar todos los mecanismos asistenciales con el único fin de reconducir la conducta de unos jóvenes que, como tales, aún están muy a tiempo de reincorporarse a la sociedad con todas las de la ley.
