La posibilidad de que hasta cinco jóvenes se hayan suicidado como consecuencia de las vejaciones que habrían sufrido en la red social 'Ask.fm' ha causado alarma en toda Europa, especialmente en Gran Bretaña, tal y como ayer publicaba este diario. No es la primera vez que el escándalo rodea una red social, ni será la última. Este debate debe plantearse desde la serenidad tomando una cierta perspectiva pero sin quitar importancia a los dramas personales que se han producido, sea por el uso indebido o por el fomento de conductas inadecuadas.

'Ask.fm' hurga en la pulsión innata del ser humano de mirar sin ser visto. Se basa en la posibilidad de plantear preguntas a los usuarios sin revelar la identidad del que interroga que solo es conocida por los administradores de la red. Este anonimato alienta las más bajas pasiones y permite, a poco que se descuide el moderador, la propagación de todo tipo de vejaciones y maltratos psicológicos.

Lógicamente, como pasa fuera de las redes, la primera responsabilidad es de los mismos usuarios y de sus progenitores en el caso de ser menores. Si el control familiar funciona y si los adolescentes se desenvuelven en un entorno familiar estable, difícilmente caerán en este tipo de trampas.

Pero la sociedad tiene también la obligación de defender los derechos de la infancia. Llegado a este punto, en el caso de las redes sociales el debate de polariza. Muchos piensan que este fenómeno supera, gracias a la tecnología, una serie de controles sociales que se han demostrado absurdos y que deben ser erradicados. Posiblemente es así. Pero también es cierto que determinados derechos fundamentales deben ser igualmente protegidos a pesar de que se hayan ganado espacios de libertad y de que la tecnología lo haga más costoso. La vejación, el maltrato o el bulling son igualmente reprobables en el patio de una escuela que en una red social y la legislación aplicable deber ser sustancialmente igual si no la misma.

Esta necesidad obliga sin duda a actuar en marcos legales supraestatales. Lo ideal sería que fueran globales, pero como mínimo deberían buscarse mecanismos de control dentro de la Unión Europea. Y, en paralelo, también debería actuarse contra la práctica de muchas de estas nuevas redes consistente en domiciliar su actividad en paraísos fiscales pero también penales en los que es imposible perseguirlos.