Un juez de la localidad catalana de Rubí ha ordenado el ingreso provisional en prisión de Tomás Pardo, el hombre condenado por violación que fue arrestado tras agredir sexualmente el fin de semana pasado a una mujer de Igualada mientras gozaba de un permiso de tres días. La Audiencia de Barcelona le concedió el primer permiso en julio después de que el juez de vigilancia penitenciaria se lo denegara en 13 ocasiones. Hace ahora una semana, mientras gozaba de una licencia de tres días, Pardo supuestamente abordó a la víctima, se la llevó a una zona boscosa, la violó, la agredió con un arma blanca, intentó asesinarla y le robó.

Dadas las características del suceso, es comprensible que haya generado una enorme alarma y que bajo su impacto vuelvan a surgir las voces que reclaman el endurecimiento de las penas a los acusados por delitos sexuales y de las condiciones en las que las cumplen. Las estadísticas indican que el 94% de los condenados por delitos sexuales no reinciden, pero las cifras se olvidan con casos como el de Pastor. Aceptando que no es razonable exigir la seguridad y el éxito absolutos, es innegable que algo ha fallado cuando un condenado vuelve a delinquir durante un permiso que se le ha concedido pese a que un juez se lo había denegado antes de forma repetida.

Conviene, pues, que todas las partes implicadas analicen lo sucedido y extraigan las conclusiones necesarias. La reinserción es «la meta primordial de las penas privativas de libertad», como recuerda la Audiencia de Barcelona en la resolución en la que aprobó el permiso de Pastor. Y así debe seguir siéndolo. Pero casos como el de Pastor, que contaba con informes favorables de la prisión, prueban que es vital la tarea de quienes trabajan con los reos para asegurarse de que están listos para reintegrarse, primero paulatinamente y después ya con la condena cumplida. Porque si es cierto que los permisos no deben ser una recompensa sino un instrumento de resocialización, también lo es que garantizar la seguridad de inocentes como la víctima de Igualada debe ser un factor clave en el proceso. Hacen falta, pues, recursos y personal cualificado que tome decisiones que no son sencillas. Que las estadísticas sean bajas no significa que sucesos como el de Igualada sean admisibles. No lo son, y no deben repetirse.