Acorex vuelve a mirarse con lupa. La disputa política suscitada en el mayor grupo cooperativo de Extremadura es un nuevo síntoma de que Acorex precisa un vuelco en la gestión y en los principios que lo sostienen. Tras los 10 millones de dinero público inyectados por Sofiex en lo que llevamos de año, este banco vuelve a quedarse cojo de otra pata. Por cierto, si se tratara de una entidad financiera la palabra participación de Sofiex la cambiaríamos por rescate. Es la situación que provoca que los socios de Acopaex no quieran oir hablar aún de integración entre ambos. Algo que en público se elude de forma políticamente correcta.

Por ello, es necesario que la Junta, en representación de los extremeños, priorice el control y la gestión de Acorex para que este grupo continúe abanderando al sector y sea la referencia en los procesos de integración de exige el mercado. Y es que más allá de este caso, el cooperativismo extremeño requiere un impulso para aumentar la competitividad, ser más rentables y continuar defendiendo el medio rural y por tanto, Extremadura en su conjunto.

En la actualidad sigue vigente la ley de 26 de marzo de 1998 basada en los principios de la Alianza Cooperativa Internacional-Manchester del año 1955. Unos principios que aunque permanecen actualizados y son en algunos casos viables desde el punto de vista ejecutivo, requieren de una renovación periódica que atienda a la evolución de estas sociedades agroganaderas caracterizadas por la adaptación pionera a los nuevos tiempos. Lo dijo en 1988 el experto Lars Marcus al afirmar que la historia de las cooperativas es la historia de la búsqueda de su identidad.

Y EN ESTE preciso instante las cooperativas buscan su camino en el terreno internacional y en la exportación de sus productos debido al debilitamiento del consumo interno. Una nueva vía de negocio que quizás requiera de un apoyo legislativo desde la comunidad autónoma para otorgar mayor seguridad e incentivar la actividad de las cooperativas extremeñas. Una nueva ley que sostenga las funciones sociales de las cooperativas para que refuercen el mundo rural generando empleo, arraigando la población y a la vez, proyectando la imagen del entorno y de Extremadura a través de los productos exportados a otros países. Y por último, crear un marco regulador que impulse la integración cooperativa y actúe en la línea de la ley Cañete, carente de acogida entre los agricultores y ganaderos.

De esta forma y como paso intermedio entre la situación actual y la deseada, la Junta debe promover y facilitar la cooperación entre cooperativas para romper el hielo de las sociedades extremeñas. Hoy no hay ninguna cooperativa española entre las 25 más grandes de la Unión Europea. Todas ellas caracterizas por procesos de integración. Tras su eclosión en los años 70 en Extremadura y su actual atomización, la economía extremeña pide a gritos ahora una unión que genere beneficios y elimine costes y sobre todo mentalidades de pequeños reinos de taifa. Es muy mejorable que en nuestra región a pesar de contar con un mayor número de cooperativas, tengamos una factuación proporcionalmente menor en comparación con otras regiones que disponen de menos sociedades. Y si las cooperativas son, como dijo Laidlaw "islas de cordura en un mundo que se está volviendo loco", tarde o temprano se acabará imponiendo el sentido común. Y mejor antes que después.