La Guardia Civil está a un paso de entrar en la época que corresponde al calendario; de ejercitar en su seno derechos básicos para el resto de ciudadanos, pero vedados hasta ahora para los agentes. Las casas-cuartel eran alérgicas a las urnas. Esa alergia está empezando a ser parte del pasado. Este mes de octubre deberían celebrarse --aunque todavía no están convocadas-- las primeras votaciones para elegir representantes en el Consejo de la Guardia Civil, un órgano creado por la Ley de Derechos y Deberes, que apenas tiene un año de vida, y que permitirá a los miembros de la Benemérita discutir sobre asuntos, muy cercanos a los propios de los sindicatos, que les afectan.
La Guardia Civil es un cuerpo militar, pero realiza una labor de cuerpo de seguridad civil, como la Policía Nacional. Esa ambivalencia --por un lado, su origen militar; por otro, su realidad cotidiana--, ha tensionado su vida interna a medida que los guardias respiran democracia fuera de los cuarteles y se les prohibía ejercerla dentro; y ha dejado muchos damnificados. La legislación citada y los comicios que de ellan dimanan ha logrado que los conflictos en el seno del Instituto armado se vayan encauzando. Las próximas elecciones serán el punto de no retorno en la normalización.
