DEMOCRATIZAR LAS CAJAS DE AHORRO

Las cajas de ahorro son un exponente básico en el desarrollo financiero de nuestra región. Lejos de sucumbir ante la avalancha de la competencia bancaria, han sabido buscar en los pequeños ahorradores y su extensión con numerosas oficinas en el mundo rural una cuota de mercado importante. De hecho las cajas representan casi el 50% del sistema financiero, saneado y con eficiencia competitiva para la banca, y precisamente por ello representan un botín demasiado apetitoso para los grandes polos financieros.

Con ocasión de la futura adaptación que la Asamblea de Extremadura debe propiciar en estas entidades, por la reciente promulgación de la ley financiera aprobada por el Gobierno central, supone un buen momento para reflexionar sobre su actual posición y plantear algunas mejoras que contribuyan a optimizar su eficacia, apuntalar su naturaleza social y mejorar los mecanismos de gestión en sus órganos de gobierno.

Para empezar, sería clarificador que desde los partidos con representación parlamentaria, artífices de la nueva adaptación de las cajas en Extremadura, manifestasen claramente si están a favor de propiciar la entrada de capital privado en nuestras cajas a través de la fórmula de las cuotas participativas recogidas en la ley. La entrada actualmente de acciones, al margen de poder convertir en un horizonte no muy lejano a las cajas en un banco más como en Italia, pudiera ser una solución interesada a un problema inexistente. Desde nuestro punto de vista pensamos que no sería razonable ampararse en el burladero de que la legislación estatal lo permite, ni su derivada a los órganos de gobierno de las cajas que son las que deben autorizarlo. Para Comisiones Obreras debe ser claro y preciso la apuesta política por mantener la actual naturaleza social de estas entidades, aunque haya que realizar ajustes e incluso fusiones para aumentar su eficiencia y competitividad ante sus competidores.

Conjuntamente y dentro de este debate, sería conveniente introducir otros elementos que podrían mejorar en el futuro el buen gobierno de estas entidades. Para empezar, reforzando el control de los órganos de gobierno de las cajas sobre las actividades de empresas participadas a través de todos los grupos con representación, contando además con personal profesional técnico cualificado. Al mismo tiempo, redefinir las actividades y contenidos de las inversiones de la obra social, buscando mayor grado de idoneidad a las necesidades de los impositores y permitiendo un mayor grado de penetración de la sociedad civil en los órganos de gobierno de las cajas que se podría producir a través de tres mecanismos fundamentalmente. Primero, ampliando el nivel de representación de instituciones, entidades y organizaciones más representativas de ámbito regional en las asambleas y consejos de administración de las cajas extremeñas e intentar profesionalizar al máximo sus órganos de gobierno. En segundo lugar, permitir la posibilidad que cualquier impositor con determinadas condiciones básicas de elegibilidad pueda ser elegido y elegible para los órganos de gobierno.

Para ello habría que modificar dos prácticas que hasta ahora cercenan este derecho: por un lado, que se ponga a disposición de aquellos interesados en concurrir los mismos medios que actualmente cuentan sólo ahora algunos beneficiados; y por otro, que se puedan elegir personas sin necesidad de estar previamente agraciados por un sorteo que parece de poco uso democrático. Finalmente y no por ello menos importante, ampliar la representación de los trabajadores en la asamblea general, como conocedores inestimables y partícipes activos del buen gobierno y del futuro de estas entidades.

Para Comisiones Obreras, todos estas argumentos democráticos harían sumar razones de prestigio al valor social que las cajas ya de por sí tienen en la sociedad extremeña, situándolas en un mayor nivel de credibilidad que repercuta positivamente en su nivel de negocio, propiciando mayores cotas de solidaridad entre los ciudadanos extremeños.