Que cada palo aguante su vela, viene a decir la máxima neoliberal por la cual los individuos deben acarrear con los gastos derivados de su vida, sea esta en la condición que sea. La ley de dependencia instauró unos principios de universalidad y de responsabilidad pública por los que las personas dependientes no quedaban al albur. Las reformas de esta normativa, sumadas a los recortes en sanidad y en educación, ponen en el disparadero esos principios de los que se benefician 34.300 familias con menores discapacitados o enfermos crónicos a su cargo. No es esta una cuestión de números, por lo que el escudo habitual resulta injustificable frente las negativas consecuencias que para estos menores y su entorno tendrá la reforma de la legislación.

Unicamente las familias con recursos desahogados podrán asumir el ahorro administrativo de su remuneración por el cuidado del menor. El resto, de forma aplastante madres, sufrirá el doble castigo tras haber abandonado el mercado laboral para atender a los niños, una fórmula que también aleja a esta familias del intento de dejar en su totalidad este cuidado en manos de la empresa privada.

De esta forma, el Gobierno queda desenmascarado en su aparente querencia por el concepto y la identidad de la familia. Esta es la que afrontaría, aislada del resto de la sociedad, la adversidad y la angustia de no poder ofrecer a sus hijos dependientes la atención requerida en caso de no disponer de los medios. La sociedad, de esta manera, queda libre de responsabilidad y de solidaridad con aquellos que la necesitan. La esperanza de la mayoría de estos niños ya no estaría en el avance médico o social sino en las posibilidades de solución privada a un problema considerado por el Estado como privado.

La ley de dependencia, que en el caso de los menores, no lleva tan siquiera aparejada la pensión por jubilación, no debe recortarse sino aumentar su dotación actual. Los menores tienen derecho no solamente a ser tratados como enfermos sino, básicamente, como ciudadanos de un Estado de derecho y social a pesar de no tener voz. Los padres, por su parte, tienen también derecho a dejar de ser mirados como una gran carga para las arcas gubernamentales o como aprovechados que quieren cobrar la ayuda y, por ejemplo, tener derecho a un centro de día. Al Gobierno de la nación hay que exigirle, por lo menos, que sea consecuente en esto.