TMtucho se está publicando en los medios de comunicación acerca de la denominada Ley de Transparencia, con la que se quiere poner blanco sobre negro el funcionamiento de las administraciones públicas en nuestro país, con especial incidencia en todas aquellas instituciones que están soportadas por los cuentas públicas, sostenidas, pues, por los impuestos de los ciudadanos.
Metidos ya en el debate parlamentario la discusión se centra en dónde poner el límite, respecto a determinadas instituciones, una de ellas, la propia Monarquía, que no entiendo por qué hay duda de someterla a esta Ley de Transparencia, si efectivamente, como se sabe, tiene una consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado. Como ciudadana entiendo que todas aquellas instituciones públicas y privadas que reciban fondos públicos deben estar sometidas al conocimiento y explicación de la ciudadanía. Aunque, no debemos engañarnos, siempre quedará algo destinado al denominado capítulo de los fondos reservados. Y ahí parece caber todo. Me imagino que hasta ahí no se llegará.
XESTAx nueva legislación con la que se pretende fortalecer el nivel de información de los ciudadanos llega ya tarde a nuestro país, si nos atenemos al derecho comparado, de realidades como Francia, Alemania, Finlandia, etc. No obstante, este llegar después debiera servir para no cometer errores de países precedentes, y hacer una legislación moderna, capaz de ofrecer a todos los españoles la mejor radiografía de cómo y en qué se gasta el dinero público. Además de ofrecernos un buen termómetro de cómo han de responder todas las administraciones públicas ante los requerimientos de los ciudadanos que las soportan, y a los que representan. Dejando el concepto de administración oscurantista como una rémora del pasado.
XEL DERECHOx a conocer y el derecho a saber de los españoles debe ser la máxima de esta nueva normativa; especialmente, en una realidad en la que la presencia de las nuevas tecnologías juega a favor de esta estrategia de transparencia. No debiera valer, por tanto, con este nuevo marco normativo el responder cuando un ciudadano interpela a la administración es lo que hay. No, aquí hay que explicar el cómo y el por qué esa administración pública está actuando. Y aún más hay que exigirles responsabilidades en esa dirección.
XPEROx para que sea eficaz ese ejercicio de transparencia de lo público no debe haber nada reservado a ninguna materia; aquí no caben atajo. Si somos transparentes hemos de serlo en el amplio sentido del término. Y, especialmente, si lo que subyace de este hecho es ofrecer al ciudadano todas las garantías de una información certera y veraz, reforzando el concepto de responsabilidad de los Poderes Públicos hacia los ciudadanos. Entiendo, pues, que esta Ley de Transparencia conllevará nuevos cambios normativos de situaciones de privilegios que aún se mantienen en la sociedad española. Rompiendo inercias discriminatorias del pasado que han provocado desconfianza y recelos hacia esa especie de casta, que, a veces, se ha predicado de los que representan las más altas instancias de los poderes del Estado.
XSERIAx recomendable, pues, aún en discusión esta Ley que concitara el mayor de los apoyos de todos los grupos políticos y organizaciones sociales que han intervenido en el debate, para consensuar la mejor manera de una forma de hacer y de actuar de las administraciones públicas. Para que esa especie de auditoría funcional a la que se pretende someter a las distintas administraciones e instituciones públicas no sea un papel en blanco, sino el reflejo más real de cómo funcionan todas estas instancias que mejor o peor están liderando el desarrollo democrático de nuestro país.
Convendría, por tanto, aprovechar esta coyuntura para hacer una verdadera ley de transparencia, que no se quede nada por ser revisable y publicable; y que tenga como finalidad servir de la mejor forma a los ciudadanos españoles.
