WAw unque los portavoces sindicales se esfuerzan por restar crédito a las encuestas --en la mayoría de ellas, un alto porcentaje de los consultados critican las reformas y ven motivos para la huelga del miércoles, pero son contrarios a secundarla--, los sindicatos se han lanzado a un esprint final para conseguir una gran movilización.

Para ello no han dudado en servirse de las nuevas tecnologías, y así se calcula que UGT ha enviado cinco millones de SMS, y CCOO, 400.000 correos electrónicos. Tras este esfuerzo sin precedentes para convencer a los trabajadores indecisos, se esconde el temor de las centrales a que un fracaso signifique una desautorización en toda regla de unos sindicatos cuestionados desde diversos ámbitos, y más tras el pinchazo que representó la primera movilización contra el plan de ajuste, la de los funcionarios el pasado 8 de junio.

Quizá por ello también la justificación de la huelga se ha centrado estos días en la protesta contra la reforma laboral, aprobada por el Parlamento, cuando en principio se había anunciado antes del cambio en la reglamentación del trabajo y nada más comunicarse los recortes del gasto social.

Ante la convocatoria del miércoles, hemos de recordar que la huelga es un derecho constitucional, como lo es también el derecho al trabajo. Es decir, que cualquier persona está legtimada para decidir individualmente si trabaja o no, pero esa decisión personal no debe impedir que otro trabajador opte por acudir a su puesto.

Por eso los sindicatos deberían ser especialmente cuidadosos en que los llamados piquetes informativos no se dediquen a coaccionar a los trabajadores que se nieguen a hacer huelga. Los sindicatos ya han echado el resto en la paralización del transporte, ya que, pese a la fijación de servicios mínimos, la perturbación en este sector puede evitar que trabajadores que hubieran querido trabajar no puedan hacerlo.

¿Y en Extremadura? UGT y CCOO auguran el éxito del paro del miércoles, frente al desinterés de una gran parte de la sociedad. Y al igual que en gran parte de España, los empresarios y el PSOE y el PP rechazan el momento elegido para la movilización, por la crisis económica.

Como reflejan las encuestas publicadas, del convencimiento de que la política del Gobierno merece la respuesta de una huelga general al hecho de participar en ella hay un trecho que muchas veces se justifica en que los trabajadores contrarios al paro no quieren perder un día de salario, una decisión comprensible en estos tiempos de crisis.