Cuando se aprobó la LOE en mayo pasado, una parte importante de los diferentes sectores de la comunidad educativa, especialmente del profesorado, consideró que no era la ley que necesita nuestra Educación y que podíamos hablar de otra oportunidad perdida, la enésima, pues suele suceder que el partido político que gana las elecciones generales no deja meter la cuchara al resto, evitando el tan reclamado por todos Pacto por la Educación .

Pronto pudimos observar que los autores y responsables de esta ley estaban más preocupados por la asignatura de Religión (perdón, por cómo sacar del currículum esta asignatura y así quitarse del medio a los profesores de Religión), por el derecho de huelga de los alumnos a partir de tercer curso de Secundaria (13-14 años en adelante), por la promoción de curso con tres asignaturas suspendidas, por la concertación de niveles educativos no obligatorios, etcétera. Sin embargo cuestiones como la ampliación del Bachillerato (tenemos el más corto de Europa), la creación de equipos de orientación en todos los centros de Infantil y Primaria, la promoción por méritos, las pruebas extraordinarias en septiembre, etcétera, parecían ocupar un plano secundario.

Pero como a este Gobierno le gustan tanto los golpes de efecto, en algunos casos sin analizar las graves consecuencias que conllevan, ha pretendido resolver los problemas de conflictividad e indisciplina escolar reconociendo a los alumnos de Secundaria el derecho de reunión, de tal forma que las decisiones colectivas que adopten los alumnos con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción- (Disposición final primera LOE).

XHACE ALGUNASx semanas que la OCDE informó de la situación educativa en los países desarrollados, sacándonos una vez más los colores, poco después se publicó el Informe Cisneros sobre el acoso escolar, en el que a penas dejaba títere con cabeza y últimamente CSI-CSIF ha hecho lo propio con una encuesta realizada entre el profesorado extremeño a finales del curso pasado y de la que se extrae (guste o no a algunos; menos gusta a los profesores tener que soportar esta situación un día sí y otro también) que existe en nuestros centros un aumento de la conflictividad de baja intensidad: insultos, amenazas, desprecios, etcétera, que es la que está rompiendo la convivencia en los centros educativos.

Menos mal que los responsables de Educación han encontrado la solución a estos problemas: derecho de reunión en jornada lectiva (pueden faltar a clase sin que se les consigne la falta correspondiente) y derecho a la libertad de expresión: los alumnos pueden mostrar sus discrepancias respecto a las decisiones educativas que le afecten.

Sé que quedaría muy bien apoyando estas medidas sobre todo de cara a aquellos que consideran la democracia y la tolerancia como algo exclusivamente suyo, pero como mi preocupación es otra, la meramente profesional e independiente, me veo en la obligación y en la necesidad de denunciar que estas medidas pueden perjudicar las relaciones docente-discente agravando una situación que ya está al límite.

Que nadie nos confunda, no son precisamente los profesores quienes más se quejan de estas medidas por improcedentes e inoperantes, sino los propios padres de los alumnos, que el derecho que realmente reclaman para sus hijos es el Derecho real a la Educación .

*Presidente Autonómico de

CSI-CSIF Enseñanza