El mayor deber cívico de las personas que vivimos en sociedad es asegurarnos de que no se vulneran los derechos de la ciudadanía entera en beneficio de unas pocas personas poderosas. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21.3 dice que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público". Y nuestra celebrada Constitución contempla que los poderes del Estado emanan del pueblo español. Sin embargo, la clase política está haciendo uso de esa autoridad para apretar las tuercas y exprimir a ese pueblo llano que eligió representantes y hoy más que nunca no se siente representado.
La credibilidad de esa clase política que se supone que nos representa está por los suelos; en gran medida por la desfachatez con la que muchos cargos públicos acumulan privilegios o, incluso, alardean de sus conductas corruptas, mientras en política no hay empeño por penalizar esos comportamientos. Pero actualmente, el mayor motivo de desprestigio de los poderes públicos es su sumisión ante el gran dios de la economía: indemnizaciones millonarias a altos cargos que han demostrado su irresponsabilidad; grandes bancos que siguen embolsándose dinero a espuertas y siguen obteniendo beneficios; fondos públicos que se han volatilizado en esa gran incineradora llamada rescate de la banca . ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Quién se lo ha quedado? ¿Por qué no circula? ¿Por qué, ahora, se exigen recortes y esfuerzos al pueblo llano?
XYA SE HANx aprobado reformas laborales que flexibilizan el despido y precarizan aún más el empleo en España; estamos viendo recortes en Servicios Sociales, Sanidad y Educación (conceptos que siguen considerándose gastos, no inversiones); personas desempleadas, extranjeras o sin recursos a las que se niega hacer uso igualitario de sus derechos ampliamente adquiridos; incluso un Gobierno electo puede sustituirse arbitrariamente por tecnócratas de las finanzas que, con una nueva y poderosa legitimidad, blandirán sus hojas de cálculo para reducir a las personas a meras unidades aritméticas, sin derechos ni dignidad, solo valiosas por su eficacia económica. Y se opta por dar vía libre a la privatización, con lo que se inicia el ciclo de posibles amiguismos, sobrecostes, presupuestos inflados, cobros indebidos y, en definitiva, corrupción más o menos abultada que se origina cuando la motivación es el enriquecimiento privado, y no el interés público.
¿Cuánta vergüenza ha de faltar para pedir esfuerzos y sacrificios al pueblo cuando no vemos igualdad de trato hacia quienes se han enriquecido a costa del pueblo? Los bancos (y la connivencia de la clase política con ellos) han perjudicado el bienestar general, la seguridad y estabilidad de países enteros, la dignidad básica de familias y personas desfavorecidas. Hoy resulta singular que Islandia somete a juicio a sus dirigentes, encierra en prisión a un magnate de las finanzas, está exigiendo las debidas responsabilidades a quienes han dañado y destruido el esfuerzo colectivo. Sin embargo, la quiebra de unos sucios negocios bancarios la estamos pagando de nuestro bolsillo y hoy más que nunca la ciudadanía se siente desprotegida.
La Defensora del Pueblo ha declarado recientemente que encuentra injusta la supremacía de los bancos ante las familias desahuciadas. Venimos leyendo que para desahuciar a una familia acuden 100 policías con helicóptero y acordonan el lugar para plantar cara a 50 activistas que quieren defenderla. Esa gente tiene los mismos problemas, necesidades e ilusiones que usted y que yo (y que cualquiera de esos policías); esa familia se quedará sin vivienda, víctimas de la crisis, no culpables de ella. Sin embargo, no acuden 100 policías con helicóptero para detener a un político corrupto, a un alto directivo que se ha embolsado una indemnización multimillonaria, a una empresaria que ha cometido fraude fiscal; no acordonan un banco que ha recibido fondos públicos y niega crédito a familias o pymes, no expulsan de su despacho a la política que acumula cargos e ingresos procedentes del esfuerzo fiscal cotidiano de la ciudadanía.
La angustiosa desprotección que sentimos ha llevado a la propia ciudadanía a pronunciarse, ya sea en el 15-M, en la barra del bar o en la tertulia de sobremesa, donde ya se está cambiando el cinismo español ("si no lo roba uno, lo robará otro"), por el resentimiento ("se están burlando de nosotros"). Se están vulnerando nuestros derechos (que no son un regalo que se nos concede, sino el resultado de una conquista social). Se está pidiendo esfuerzos a la persona de a pie, cuya capacidad de queja es limitada, que no maneja grandes fortunas, que no ha hecho negocios especulativos fracasados.
¿A quiénes se está persiguiendo? ¿La dignidad de quiénes se está viendo atacada? ¿Quién sigue con sus arcas llenas? ¿A quién se pide sacrificios? Hoy no es día de celebración mientras los órganos que toman decisiones sigan sin escuchar la voluntad del pueblo. Hoy, más que nunca, gritemos.
