(Des) politizaciones

¿Hay algo más político que una huelga? ¿Hay algo más estructuralmente político que el movimiento feminista, una de las ideologías más poderosas y fértiles del siglo XX? ¿Alguien puede honestamente decir que no debe entrar en el debate político un asunto que afecta de forma directa a algo más de la mitad de la población?

¿Hay algo más político que el debate sobre la solidaridad intergeneracional que supone el aseguramiento de las pensiones? ¿Es aceptable que políticos que dirigen el país pretendan sustraer de la discusión pública una de las patas fundamentales del Estado de bienestar? ¿Cómo no va a ser político un asunto que pone en juego la dignidad del conjunto de los trabajadores que han sustentando el desarrollo democrático de medio siglo en España?

Debería asombrarnos a todos que haya responsables políticos que pretendan despolitizar asuntos de la máxima envergadura política. Pero que nadie piense que esta llamada a la despolitización es casual, o que está basada en la ignorancia. Todo lo contrario.

Tanto el PP como Ciudadanos saben perfectamente que estamos hablando de política cuando hablamos de feminismo, de pensiones, de desigualdad entre hombres y mujeres, de Estado de bienestar, de pacto intergeneracional, de brecha salarial o de garantías constitucionales para una jubilación digna. Si públicamente apelan a despolitizar estos asuntos tan políticos es porque saben que en ese espacio no pueden disputar la agenda política a la izquierda y, sobre todo y más importante, porque su plan perfectamente concebido —junto a la derecha europea e internacional— para privatizar el Estado, necesita sacar del debate público asuntos de este calado ideológico.

Las fuerzas conservadoras, en perfecta connivencia con los poderes económicos, saben que lo primero que tienen que hacer para convencer a los ciudadanos de que deben hacerse planes de pensiones privados, es conseguir que el fondo público de pensiones desaparezca. Exactamente lo mismo que han hecho siempre con la sanidad, con la educación, y con todos los elementos sustantivos del Estado de bienestar. No hay ninguna evidencia científica —más bien al contrario— de que lo privado funcione mejor que lo público, pero si cuando tú gobiernas destruyes la eficacia de los sistemas públicos, entonces es fácil infundir miedo en la ciudadanía para que hagan lo posible por refugiarse en lo privado.

Esta historia de indignidad social tuvo un hito de impulso y recrudecimiento el 31 de octubre de 1987, cuando Margaret Thatcher afirmó en una entrevista que «la sociedad no existe, solo existen hombres y mujeres individuales». Luego, si la sociedad no existe... ¿qué necesidad hay de un Estado que la regule, la equilibre, la proteja y la asista?

Por supuesto que la huelga feminista del 8 de marzo fue política. Todas las huelgas lo son y deben serlo. Y por supuesto que la movilización de los pensionistas es una lucha política, como lo han sido todas las que han servido para ofrecer mejores condiciones de vida a los trabajadores y las trabajadoras posteriores a la Revolución Industrial.

Si de algo debe servir este fracasado intento de la derecha por despolitizar lo que es constitutivamente político es para desvelar uno de los grandes desequilibrios entre las fuerzas conservadoras y las progresistas en la sociedad contemporánea: a las segundas les sobran todos los complejos que les faltan a las primeras.

Si la derecha se cree con el derecho de afirmar rotundamente que una huelga no debe ser política, la izquierda debe redoblar la apuesta y poner encima de la mesa la idea de un Estado plenamente político que intervenga y regule la sociedad precisamente en todos aquellos aspectos que la derecha pretende despolitizar. El ADN del progresismo es, precisamente, la politización, pues allá donde no existe la política solo mandan el dinero y la explotación del hombre por el hombre.