WLw as protestas de los transportistas, convocadas por Fenadismer, la segunda patronal del sector, han tenido, como cabía esperar, grandes efectos colaterales, que van desde problemas de tráfico hasta desabastecimiento en gasolineras. Los camioneros que han promovido esta protesta --en su mayoría, autónomos-- saben que si el transporte se para, toda la actividad se resiente. Para decirlo pronto y claro: tienen en sus manos colapsar el país. Esa es su fuerza.

Pero además de la fuerza, tienen también la poderosa razón del encarecimiento de los carburantes, que hace que su actividad vaya camino de convertirse en ruinosa. El litro de gasóleo ha subido un 20,1% desde principios de año y los transportistas no pueden repercutir automáticamente esa subida de costes a sus clientes. Ese es el origen del mayor conflicto social al que se enfrenta el presidente José Luis Rodríguez Zapatero desde que llegó a la Moncloa. Pero habría que preguntarse qué ocurriría si todos los empresarios que contrataron un leasing con el euríbor al 3,5% --ayer estaba al 5,4%-- o si las familias hipotecadas a los tipos de hace tres años salieran a la calle a defender sus intereses con la misma legitimidad que los camioneros y con idénticos métodos.

Es evidente que la subida del petróleo en los mercados internacionales es una variable que escapa a la gestión del Gobierno español. Y también es cierto que el Ejecutivo no puede --y no debe-- subvencionar con los impuestos de todos a los sectores en crisis, como son hoy las inmobiliarias, los transportistas y los pescadores. Pero sí tiene Rodríguez Zapatero la obligación de negociar medidas que sirvan de colchón para un problema grave como este. El Gobierno, falto de reflejos, tendrá que regatear ahora bajo la presión de los camiones dificultando el tráfico en las carreteras.

La huelga de camiones ha desenterrado el fantasma del desabastecimiento de productos básicos, como ha ocurrido en estaciones de servicio de las cuatro principales ciudades extremeñas, debido, en parte, a una sobrerreacción instintiva de los consumidores. El Gobierno ha asegurado que todo el aparato del Estado --incluidas las policías-- estará a disposición de los ciudadanos para garantizar los suministros, mientras ha puesto sobre la mesa propuestas para compensar a los transportistas. En paralelo, se debe acometer ya una reestructuración del sector, probablemente mediante concentraciones empresariales, que garantice su futuro. En este sentido, la Junta de Extremadura ya dio ayer un primer paso poniendo a disposición del sector ayudas para que los autonómos creen asociaciones o cooperativas. No es la panacea, pero seguro que la unidad puede ayudar a los transportistas a hacer frente a las adversidades de forma más sólida.