El PP se resistió hasta el último día a admitir a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre los desahucios, respaldada por casi un millón y medio de firmas. Solo la alarma social desatada y la presión popular le hicieron cambiar de opinión. Pero, tras la admisión a trámite, no se esperaba mucho. En efecto, la ley aprobada el jueves en el Congreso desprecia las propuestas de la ILP y, aunque introduce algunas mejoras sobre la abusiva legislación actual, son retoques claramente insuficientes.
Al margen de no aceptarse la dación en pago --salvo en casos muy extremos--, no se paralizan los desahucios ni se promueve el alquiler, como pedía la ILP, respaldada prácticamente por toda la oposición, incluido el PSOE, que, aunque no cambió la legislación mientras gobernó, ahora ha rectificado. El hecho de que la ley se aprobara en comisión, por 23 votos contra 21, y no en el pleno indica el escaso interés que tenía el Gobierno en que su postura restrictiva fuera objeto de un debate con todas las de la ley. Baste decir que solo se admitieron dos enmiendas irrelevantes sobre las 238 presentadas.
La nueva ley limita algunas cláusulas abusivas, como exige la sentencia del Tribunal de la UE, rebaja los intereses de demora, mejora los importes mínimos por los que el banco puede adjudicarse un piso y establece quitas de la deuda, pero con esta norma las familias seguirán siendo víctimas de un gran desequilibrio frente a una banca salvada con ayudas públicas.
