TLta lucha contra los desahucios no para de crecer en apoyos de la ciudadanía, y ha pasado a ser motivo de encarnizado debate político. La medida del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán , de expropiar temporalmente a los bancos las viviendas que van a ser objeto de un desahucio cuando las familias estén en riesgo de exclusión social, trata de minimizarla el gobierno de Rajoy . "El decreto del Gobierno es más amplio", dice la vicepresidenta Santamaría ; "llega con una hora de retraso, y es un discurso yeyé, chachi y guay", dice el presidente Monago .

Mientras, el PSOE incluye el decreto-ley sobre función social de la vivienda como enmienda al texto de la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios impulsado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); e Izquierda Unida Federal muestra satisfacción cuando escucha las palabras del presidente del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido , sobre este asunto: "el PSOE andaluz es víctima de las presiones de IULV-CA" (los izquierdistas están en el gobierno andaluz y la consejera de de Fomento y Vivienda, Elena Cortés , es de IU).

En cuanto a las iniciativas movilizadoras contra los desahucios y a favor de la Renta Básica en Extremadura (RB), el secretario regional del PSOE, Fernández Vara , criticó los escraches frente a las casas de las personas con responsabilidades de gobierno, pero reivindicó una nueva forma de hacer política: "que el político vaya a casa del ciudadano; se terminó no dar cuentas durante cuatro años, ahora la clase política tiene que entender que aquí hay que estar al pie del cañón y dar cuentas permanentemente".

Los grandes partidos políticos saben con cuantas simpatías cuentan las movilizaciones de la PAH, así como los escraches pacíficos que realizan; por ello, se cuidan mucho a la hora de tomar medidas para combatir los desahucios (salvo el presidente Fernando Manzano , que prohibió a siete activistas de RB entrar en la Asamblea para ser recibidos por los grupos parlamentarios socialista e IU). La gran incógnita es si las acciones irán in crescendo sobre la base de las cuentas que no dan en multitud de cuestiones que nos afectan. De producirse movilizaciones a gran escala los ciudadanos desahuciarán a muchos políticos incompetentes; de los aprovechados, se encargará la justicia.