WEwl alcalde de Cáceres, José María Saponi , va a ordenar el desalojo de las 48 viviendas del bloque C de la calle Ródano del barrio de Aldea Moret. Es una decisión extraordinaria: no todos los días, un ayuntamiento resuelve sacar de las casas a quienes las habitan. Pero también se trata de hacer frente a una situación extraordinaria: la degradación a que se ha llegado en ese bloque en el que menos de una decena de familias se encuentran en situación legal, y cuya última, pero no única, muestra es el caso de la muerte y emparedamiento de una mujer.
Pero con independencia del acierto de la decisión adoptada, y que ha sido respaldada por los grupos de la oposición municipal, no se puede volver la vista a una situación que no es nueva, ni se ha generado de un día para otro. El hecho de que una gran parte de las viviendas sociales estén ocupadas ilegalmente --no sólo éstas de Aldea Moret, sino las de otras poblaciones y de otras titularidades públicas-- revela que las administraciones están más interesadas en la política de campanario de hacer viviendas, que en la política callada pero eficaz de mantenerlas y cuidar que quienes las ocupen las merezcan porque sólo así se podría exigir ser responsables en su mantenimiento.
