WTw al vez era inevitable que, antes o después, en esta efervescencia de las pequeñas compañías aéreas dispuestas a conquistar mercado a las grandes se produjera un caos como el Air Madrid. La aerolínea no ha podido hacer frente adecuadamente a la complejidad del segmento de negocios de los vuelos intercontinentales, extremadamente difícil de desarrollar con éxito para compañías que carecen de redes y de la dimensión adecuada. Quizá por esto ninguna compañía de bajo coste ha entrado hasta ahora en los vuelos transoceánicos, excepto en algunas rutas entre el Reino Unido y Estados Unidos, que, por su densidad de tráfico, acogen todo tipo de formatos.

No quiere decir esto que se puedan establecer analogías entre la actuación de Air Madrid y la del resto de compañías de bajo coste, que suelen ofrecer una relación calidad-precio apreciable en sus operaciones punto a punto en destinos que no superan los 3.000-3.500 kms. Una lección adicional que ofrece el asunto es que la extensión de la oferta de vuelos intercontinentales en un aeropuerto no va a ser protagonizada por compañías de este tipo.

Los responsables de Air Madrid sorprendieron el viernes tanto a Fomento como al propio sector turístico con una huida hacia adelante con la que trataban de adelantarse a lo que parecía inevitable: que Aviación Civil les retirara la licencia de forma inminente, alegando deficiencias en la seguridad. Superada la sorpresa inicial, Fomento reaccionó con rapidez poniendo a disposición de los afectados, en menos de 24 horas, unas 3.000 plazas de avión hasta el próximo jueves. Pero, aunque tal vez con ello logra frenar algo el golpe, al solucionar los casos más sangrantes, sería deseable que el ministerio mostrara más firmeza en la exigencia a Air Madrid para que respete los derechos de sus clientes afectados, y a las demás compañías para que arrimen el hombro ante la situación. El esfuerzo está más que justificado: la mayoría de los 300.000 afectados son inmigrantes que habían logrado comprar esos billetes, mucho más económicos que los de las compañías convencionales, con muchísimo sacrificio. En algunos casos, con años de ahorro: años apartados de sus familias y soñando reencontrarse con ellas.

Parece claro que Air Madrid no reunía los requisitos mínimos para garantizar la prestación del servicio que vendía. En realidad, nunca debería haber funcionado. Por eso es difícilmente justificable que el Estado no cogiera el toro por los cuernos al segundo o tercer incidente, y que en lugar de eso se dedicara a boicotear a la aerolínea recomendando a los potenciales clientes que no utilizaran sus servicios. Además, ya que no se atajó el problema en su momento, tal vez con algo de previsión se habría evitado que semejante caos llegara justo en estas fechas, cuando miles de personas que viven lejos de sus familias intentan volver a casa a pasar la Navidad con los suyos.

Ha llegado la hora de que el Ministerio de Fomento se centre en los mismos asuntos que priorizan los gobiernos de los países similares al nuestro --los relativos a la regulación del transporte aéreo-- y de que deje que otras entidades o agentes más apropiados se encarguen de la gestión de las diferentes funciones del sistema. Hacerlo mejoraría la calidad y la eficiencia del conjunto.